Redacción Voz de la Diáspora
La empresa First Quantum Minerals (FQM) dijo el viernes que había instruido a sus abogados a reunirse con el equipo legal del gobierno panameño ante la posibilidad de suspender los arbitrajes interpuestos por la canadiense, tras el cierre de la mina Cobre Panamá a finales de 2023, según un comunicado interno.
La mina a cielo abierto cerró operaciones por orden del gobierno pasado después de semanas de protestas contra la minería en distintos puntos del país, y un fallo judicial que declaró inconstitucional el contrato con la empresa.
Después de esa decisión la compañía interpuso varios arbitrajes contra Panamá por las afectaciones que le generó la medida, y pidió miles de millones como indemnización.
«Hemos girado instrucciones a nuestros abogados para reunirse con el equipo legal del gobierno para trabajar en la suspensión de los arbitrajes», explica el documento firmado por Manuel Aizpurúa, gerente país de Cobre Panamá.
El presidente panameño, José Raúl Mulino ha insistido que su gobierno no está dispuesto a entablar conversaciones con la empresa sobre el futuro de la mina, si antes las demandas no son retiradas.
El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI) informó la noche del jueves que apoyaba las declaraciones del mandatario, y reiteró la advertencia que no se podría entablar conversaciones con First Quantum mientras la minera tuviera demandas abiertas contra el Estado panameño.
Más temprano, Mulino anunció que había autorizado la exportación de unas 120,000 toneladas de concentrado de cobre que quedó almacenado tras el cierre de la mina, lo que según medios internacionales impactó de manera positiva las acciones de FQM con sede en Toronto, Canadá.
Durante su conferencia semanal, el mandatario también confirmó que ordenó la reapertura de una central eléctrica que permite las operaciones del puerto de Punta Rincón, desde donde la mina gestionar el flujo de carga.
«Cualquier posible acercamiento dependerá de la suspensión inmediata de estos procesos. Panamá no aceptará presiones ni condiciones impuestas que comprometan su soberanía», explicó el MICI.
Agregó que, al concretarse ese requerimiento del gobierno, «podremos avanzar en la autorización, de manera abierta y pública, del destino del concentrado de cobre almacenado en la mina».
En cuanto a la planta termoeléctrica ubicada en la mina, el Gobierno dijo analiza las opciones que autoricen su eventual uso para sumar más capacidad al sistema distribución de energía, pero aclaró «que esa decisión no implica una reactivación de la actividad minera»
