Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador – Comunidades indígenas de los cantones Sisimitepet y Pushtan del municipio de Nahuizalco, Sonsonate, organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos, realizaron una evaluación de cierre del 2022 sobre la situación del río Sensunapán en sus componentes ambientales y culturales.
En tal sentido, el 2022 cierra de forma desfavorable para los pueblos indígenas y el río Sensunapán, ya que, a la fecha, el Estado por medio del Ministerio de Cultura, no mostró voluntad de cumplir las medidas cautelares ordenadas por el máximo tribunal en materia ambiental, por el contrario, se deduce un claro retroceso y una evidente omisión de su observancia.
Esta incertidumbre y la falta de certeza jurídica ha ocasionado vulneraciones a derechos humanos y ambientales.
En esta misma lógica, las entidades estatales no cumplen con el mandato judicial lo que podría hacer pensar que se pretende privilegiar los intereses de la empresa extractivista y generar injusticia hídrica, siendo la población indígena una de las más afectadas.
El Ministerio de Medio Ambiente sigue sin suspender la solicitud de permiso de funcionamiento de la octava hidroeléctrica que denunciamos quiere instalarse en el río por amenazar el caudal del mismo y tesoro cultural.
El deterioro del río se agrava porque la región tiene la masa boscosa más baja a nivel nacional, sólo cuenta con 5.34% de bosque y en la desembocadura en Acajutla solo 5% de Manglar, la Hictio Fauna se ha agotado al nivel que ya no es un medio de vida para la población.
No puede dejarse en el olvido las afectaciones que ya han ocasionado las 7 hidroeléctricas instaladas, tanto para la gente, los ecosistemas, el patrimonio cultural, ancestral e histórico de la cuna civilizatoria de El Salvador, el territorio de los Izalcos.
En tal sentido estas organizaciones demandan a las instituciones públicas la priorización de la gestión sustentable de la región hidrográfica Sensunapán-Banderas, realizando planes estratégicos de largo plazo, incluyendo en ellos la eliminación de permisos ambientales a proyectos extractivistas que vulneran la cosmovisión y medios de vida indígena, así como el adecuado equilibrio ambiental; y con ello rescatarla del estrés hídrico en el que se encuentra, entre otras medidas.
