Por Guillermo Mejía
La sustitución del ataque contra periodistas en detrimento de la discusión racional y plural, además del sabotaje al acceso a la información pública en la sociedad, ameritan una reflexión constante acerca de la atmósfera en que se desenvuelven los comunicadores sociales y, por ende, la calidad de la información que es un derecho ciudadano.
Son preocupantes las cifras que arrojó el diagnóstico del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (OUDH) sobre Libertad de Prensa y Acceso a la Información Pública en 2021 que revelan el incremento de acciones contra periodistas y la cerrazón de las instituciones a revelar información como nunca antes desde los Acuerdos de Paz, firmados en 1992.
En ese sentido, sobre la libertad de prensa ha habido restricciones al ejercicio periodístico, ataques, limitantes al acceso a la información pública y el espionaje de periodistas. Se contabilizan en el período 219 agresiones y en ese universo se identifican 102 restricciones al ejercicio periodístico, las limitantes de los periodistas frente a las fuentes que se niegan a dar información.
“Esto está relacionado directamente, precisamente, a cómo la información se ha venido centralizando; es decir, que se tiene que contar con el aval, se tiene que contar con el permiso sobre todo de la Secretaría de Prensa o de Comunicaciones, para emitir una declaración, para emitir un pronunciamiento, en caso contrario, la información se está negando”, advirtió el investigador Diego Manzano.
“Y también observamos cada vez con mayor fuerza y, según lo expresado por algunos y algunas periodistas, precisamente este temor de las fuentes a hablar; es decir, que hay muchas fuentes en esta posibilidad de trasladar alguna información prefieren no hacerlo por el temor a experimentar alguna represalia, ya sea de carácter físico o el despido que podría darse”, agregó.
Se unen los discursos de odio, especialmente a través de las redes sociales como “linchamiento digital”, la intimidación e incluso ataques físicos a periodistas por parte de agentes del Estado.
A la par, ha habido un retroceso en el acceso a la información pública a través de los portales de transparencia de las instituciones estatales. Con datos, según el OUDH, son 19 instituciones públicas las que reprobaron el cumplimiento de la información oficiosa para la ciudadanía, tal como lo demanda la Ley de Acceso a la Información Pública. La Asamblea Legislativa cuenta con la menor nota.
“Hay un mayor índice de reserva; es decir, que existen bastantes dificultades para obtener datos institucionales hay una falta de actualización de portales y esto está afectando la posibilidad de construir notas, informar a la sociedad, precisamente, y al mismo tiempo existe una discrecionalidad en los criterios”, especialmente criterios políticos, señaló Manzano.
En otra oportunidad, he advertido que los encontronazos de algunos medios y periodistas con el gobierno de turno y la institucional cooptada, que se suman a la batalla de ciudadanos y troles en las redes sociales, nos debe llamar a la reflexión sobre el papel trascendental del derecho a la información y a la comunicación en la sociedad.
Hay que tolerar la existencia de espacios mediáticos que hurgan sobre la cosa pública, el ejercicio del poder y las verdaderas intenciones de los que ejercen el poder.
Dentro de la democracia burguesa, como la salvadoreña, es necesario hablar de una democracia mediática que abre el espacio a una especial e inédita legitimidad de los periodistas, basado en la distinción entre la atribución nominal del poder (el pueblo) y el ejercicio de ese poder (las élites elegidas por la gente).
De esa forma lo señala el profesor español Javier del Rey Morató, que agrega: “El contribuyente y titular del poder y de la información se asoma a los medios de comunicación, desde los cuales los periodistas le ofrecen un relato sobre comportamientos y decisiones relacionadas con ese poder cuya titularidad ostenta”.
Para la consolidación de la democracia ante la huella autoritaria y despótica del poder, que incluso nos llevó a una guerra civil, urge el papel crítico de la prensa más allá de sus líneas editoriales –en general, conservadoras- que, por supuesto, hay que demandarles también responsabilidad y comportamiento ético de cara a los ciudadanos.
En una sociedad que se dice democrática, formalmente de corte liberal, una de las formas de constatar su fortaleza es la existencia de medios y periodistas comprometidos con la profundización de esa democracia que demanda diálogo social y plural. Sin duda, la herramienta idónea es periodismo responsable y ético, a la vez que perfectible.
Además de escudriñar el ejercicio del poder, favorecer el debate sobre los temas de interés público y aclarar el rumbo de las sociedades, en el marco del ejercicio democrático, el periodismo honesto debe preocuparse por ser exacto, justo e incluyente. Y no puede caer en el error de sacrificar los postulados éticos en la carrera por la primicia ni por intereses espurios.
Las sociedades actuales necesitan más que nunca el papel escrutador de los periodistas, para acercar a los ciudadanos a los temas de interés público y el ejercicio del poder que constitucionalmente les pertenece, ya que los funcionarios son servidores públicos que tienen que dar cuenta de sus actos. Por supuesto, es imprescindible el desarrollo democrático.
Por otro lado, traigo a colación otra reflexión que he hecho con anterioridad sobre no caer en la ilusión de creer que las redes sociales por sí pueden suplantar el espacio de los periodistas y de los medios, para una discusión racional sobre los problemas que aquejan a la sociedad, aunque coadyuven a la discusión pública.
Al respecto, tomé en cuenta lo dicho por el comunicólogo argentino José Luis Orihuela: “la red política por excelencia debería ser el parlamento, no una plataforma tecnológica privada de San Francisco”. Lamentablemente, “los políticos y los periodistas han convertido a Twitter en un monstruo fuera de control que amenaza la calidad de la vida democrática y privatiza espacios de conversación que deberían seguir siendo públicos”.
Orihuela advirtió en esa ocasión que la crisis de confianza que rodea a la clase política y a los estamentos del gobierno “no está generada por las redes sociales sino por la corrupción, el cortoplacismo, el partidismo y la manifiesta ineficacia de los partidos y del gobierno para resolver los problemas reales de los ciudadanos”. Eso sí, “las redes funcionan como un altavoz del descontento popular y como una correa de transmisión de los eslóganes de los partidos y del gobierno para resolver los problemas reales de los ciudadanos”.
El problema es que, como en el caso salvadoreño, “cuando el poder no permite preguntas en las ruedas de prensa o solo usa las redes para hacer propaganda o para resolver rencillas tácticas con sus oponentes, entonces se le están sustrayendo debates esenciales a la ciudadanía. No resulta extraña, por tanto, la crisis reputacional de la política, pero se trata de un problema que no tiene soluciones tecnológicas”.
“Ahora de lo que se trata no es de demonizar a la tecnología ni de pretender un retroceso imposible a etapas anteriores, sino de establecer mecanismos de compensación para que la velocidad no altere la calidad de los procesos de toma de decisiones en todos los niveles de nuestra vida, también en el ámbito político y periodístico”, según él.
“No podemos seguir funcionando a golpe de mensajes instantáneos o de tuits, por más virales que sean o se fabriquen”, agrega. En ese contexto es que se celebra el Día del Periodista salvadoreño.
