Por Milagro Orellana
San Salvador – Este uno de mayo se cumplen cuatro años de lo que muchos analistas y sectores de la sociedad civil consideran un punto de quiebre en la historia democrática de El Salvador.
El 1 de mayo de 2021, la recién instalada Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, destituyó de manera fulminante a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como al fiscal general.
El hecho marcó un antes y un después en el balance de poderes del país. Organismos nacionales e internacionales denunciaron el acto como un golpe a la institucionalidad y una erosión del Estado de derecho. Desde entonces, diversas voces han advertido sobre una creciente concentración de poder en el Ejecutivo y un debilitamiento de los mecanismos de control.
«La República terminó ese día», expresó en su momento un exmagistrado afectado por la decisión, reflejando el sentir de quienes vieron en la destitución un acto inconstitucional y sin el debido proceso.
A pesar de las críticas, el gobierno defendió la medida como necesaria para combatir la corrupción y devolver la confianza a las instituciones. Cuatro años después, el debate sigue vigente: ¿fue un acto de justicia o un paso hacia el autoritarismo?
Mientras tanto, la ciudadanía y la comunidad internacional observan con atención los efectos a largo plazo de aquella jornada que ya muchos califican como un «día negro» para la historia reciente de El Salvador.
