Por Milagro Orellana
Los Ángeles, California – El gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Honduras y Nicaragua, una medida que afectará a decenas de miles de personas que por más de dos décadas han vivido y trabajado legalmente en el país.
La decisión fue publicada este lunes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que justificó la medida afirmando que “las condiciones originales que motivaron la designación del TPS ya no existen”. En consecuencia, los beneficiarios hondureños y nicaragüenses deberán prepararse para regularizar su situación migratoria por otras vías o enfrentar el riesgo de deportación una vez expire el periodo de gracia. (Ver enlace).
El TPS para Nicaragua fue otorgado en 1999, tras el paso devastador del huracán Mitch. En el caso de Honduras, se otorgó el mismo año, debido a la emergencia humanitaria derivada del mismo fenómeno. Desde entonces, el programa ha sido renovado múltiples veces por administraciones demócratas y republicanas. (Ver enlace)
De acuerdo con cifras oficiales, más de 57 mil hondureños y 4 mil nicaragüenses residen en Estados Unidos bajo el amparo de este estatus. Muchos de ellos tienen más de 20 años viviendo en el país, con familias ya establecidas, hijos nacidos en territorio estadounidense y una fuerte inserción en el mercado laboral.
“Nos están dejando sin opciones después de décadas contribuyendo a este país. Pago impuestos, tengo hijos ciudadanos y he trabajado de sol a sol por años”, expresó Luis Membreño, beneficiario hondureño del TPS residente en Maryland. “Esto no es solo una decisión política, es una sentencia para nuestras familias”.
Organizaciones de defensa de los migrantes condenaron la decisión. “Es inhumano cancelar el TPS sin ofrecer una vía permanente para personas que han echado raíces en este país. El Congreso debe actuar ya”, declaró María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición Nacional por los Derechos de los TPSianos (TPS Alliance).
El DHS informó que se establecerá un plazo de 60 días a partir del anuncio oficial para que los afectados busquen otras formas de permanecer en el país legalmente o preparen su salida voluntaria. Mientras tanto, crece la presión sobre el Congreso para aprobar una legislación que otorgue residencia permanente a los beneficiarios del programa.
