Por Dennis Aguillón
El 1 de mayo tomaba posesión la Asamblea Legislativa para el periodo 2021-2024 donde la mayoría de los representantes pertenecen al partido Nuevas Ideas, aliado del presidente Nayib Bukele.
La primera iniciativa ha sido un golpe a la Constitución, aprobando la destitución de los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, seguido por la del Fiscal General de la República.
Dicha medida ha sido propuesta por la vicepresidenta y diputada de Nuevas Ideas, recién instalada, Suecy Callejas, que solicitaba por iniciativa de varios diputados que se incluya con dispensa de trámite a conocimiento de este Pleno Legislativo una pieza de correspondencia a efectos de promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional.
Entre aplausos de su bancada fue admitida y aprobada con 64 votos de los 84 diputados del Órgano Legislativo, la mayoría afines al gobierno en turno.
Sin embargo, minutos después el Órgano Judicial declaró inconstitucional la decisión de la Asamblea Legislativa, los magistrados indicaban que la medida «viola la forma de gobierno republicana, democrática, y representativa y el sistema político pluralista», establecido en el artículo 85 de la Constitución.
Añadieron que la labor del control es necesario «para la defensa y garantía del elemento sustancial de una democracia y asegurar una democracia representativa compatible con la Constitución», entre otras cosas.
Posteriormente seguía la destitución del Fiscal General del país, Raúl Melara, aludiendo que la decisión «corresponde a sus evidentes actuaciones con claras motivaciones políticas y pone en juicio su objetividad, imparcialidad, e independencia», así se comunicaba por la cuenta de Twitter del Órgano Legislativo.
Como era de esperarse, las reacciones por parte de la comunidad internacional y medios de comunicación no han tardado en llegar; el relator de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán ha condenado «los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial, desmantelando a integrantes de la Sala Constitucional».
A ello se suma, el director de Human Rights Watch, Juan Manuel Vivanco, manifestando que «Bukele rompe con el Estado de Derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos».
Desde Estados Unidos también han llegado reacciones por parte de la subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, quien ha advertido que «la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno salvadoreño apoye la separación de poderes y sostenga las normas democráticas».
El gobernador de Massachusetts, Jim McGovern ha manifestado «esto no es democracia, es la destrucción de la independencia judicial».
Ante las críticas internacionales, el mandatario salvadoreño ha escrito mediante su cuenta personal de Twitter y respondido así, «a nuestros amigos de la comunidad internacional: queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudarnos en lo que podamos, nuestras puertas están más abiertas que nunca, pero con todo respeto estamos limpiando nuestra casa, y eso no es de su incumbencia», ha precisado.
