Redacción Voz de la Diáspora
Panamá Ports Company (PPC), una filial local en el itsmo de la honkonesa CK Hutchison informó el martes que inició un arbitraje contra la danesa Maersk que considera entre otros puntos la toma de sus terminales portuarias en Panamá, las cuales operó hasta febrero luego de quedar ejecutoriado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato con el Estado panameño.
El arbitraje se basa en un contrato de largo plazo para facilitar un enfoque colaborativo de negocio mediante el uso exclusivo de las operaciones de las terminales portuarias de PPC en Panamá, y acceso a un rango de instalaciones operativas e información de PPC, explicó la compañía en un comunicado.
«Contrario al contrato, Maersk socavó el contrato y se alineó con la República de Panamá en conexión con su campaña estatal contra PPC y esquema para sustituirla mediante una toma que instaló nuevos operadores portuarios», expresó PCC.
El arbitraje tendrá lugar en Londres, según un comunicado en el que destaca que «la reclamación de PPC contra Maersk es distinta y sin perjuicio de los pasos en curso de PPC para hacer responsable a Panamá por su conducta anti-contrato y anti-inversionista».
Según la compañía el 23 de febrero pasado «Panamá expulsó a PPC de las operaciones portuarias mediante medidas ejecutivas extremas, tomó las terminales portuarias y celebró un contrato de concesión preacordado para la terminal de Balboa con un nuevo operador que está afiliado con Maersk y ha utilizado instalaciones operativas e información de PPC», agregó.
PPC operó los puertos de Balboa y Cristóbal a través de una concesión que le otorgó el gobierno en 1997 y luego renovada en 2021, pero quedó invalidada el 30 de enero cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato.
Ambos puertos están ubicados en zonas estratégicas próximas al Canal de Panamá a raíz de lo cual el caso ha tomado relevancia internacional en medio de las discrepancias entre China y Estados Unidos en torno a la vía interoceánica construida por el país norteamericano, y administrada desde el 31 de diciembre de 1999 por los panameños.
Al quedar ejecutoriado el fallo de inconstitucionalidad, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) firmó contratos temporales con empresa APMT Panamá, S.A. una filial de Maersk por un periodo de hasta 18 meses para la operación, mantenimiento y administración del puerto de Balboa en el Pacífico.
En tanto, el contrato de concesión transitoria para el puerto de Cristóbal en el Atlántico fue firmado por el mismo período con la empresa TIL Panamá, S.A. el brazo portuario de MSC, según el gobierno.
«PPC perseguirá enérgicamente sus reclamaciones en el arbitraje contra Maersk y sus reclamaciones contra Panamá…», agregó la empresa.
