Redacción Voz de la Diáspora/agencias
Washington – Este lunes, el Representante James P. McGovern (D-MA), Miembro de Mayor Rango del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes y Copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, junto con otros 17 Miembros de la Cámara de Representantes, han escrito una carta al Secretario de Estado Marco Rubio y a la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, pidiéndoles que aborden las condiciones «atroces» en las cárceles salvadoreñas que violan los estándares internacionales de derechos humanos y cesen cualquier entrega futura de personas de los Estados Unidos a cárceles en El Salvador.
“Estas condiciones penitenciarias no solo representan una crueldad que atenta contra la dignidad humana, sino también graves violaciones por parte de El Salvador de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, escribieron los legisladores en su carta. “Además, Estados Unidos, como parte de la Convención contra la Tortura, está obligado a no enviar a una persona a un país donde existan ‘razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura’”.
La primavera pasada, la administración Trump envió a unos 280 hombres, de origen venezolano y salvadoreño, al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Observadores internacionales de derechos humanos han documentado las terribles condiciones en las cárceles de todo El Salvador. Los testimonios de primera mano de Kilmar Ábrego García, residente legal en Estados Unidos, y otras personas liberadas del CECOT incluyen relatos de abuso psicológico y físico, como palizas, privación del sueño, aislamiento, privación de tratamiento médico y agresión sexual.
En concreto, la carta pide a los Secretarios que:
· Realizar una revisión inmediata y transparente de las condiciones penitenciarias en El Salvador;
· Exigir al gobierno salvadoreño que permita a los diplomáticos estadounidenses acceso a las cárceles;
· Solicitar al gobierno salvadoreño que permita el acceso a los observadores de derechos humanos de la ONU; y
· Cesar las entregas adicionales de personas desde los Estados Unidos a El Salvador con el propósito de detenerlas en una prisión allí.
“Estados Unidos no debe ser cómplice de la tortura de personas encarceladas. Tampoco debe permanecer en silencio cuando el gobierno de un país, especialmente uno al que Estados Unidos financia con el propósito expreso de albergar a estos deportados, incumple reiteradamente los estándares mínimos de condiciones penitenciarias humanas”, concluyen los miembros del Congreso en su carta.
