Redacción Voz de la Diáspora
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Panamá Ports Company (PPC) del grupo CK Hutchison con sede en Hong Kong para operar dos puertos ubicados en ambas entradas del Canal interoceánico, dijo el jueves el máximo tribunal de justicia.
Las leyes y actos demandados el año pasado por la Contraloría de la República guardan relación con el contrato de concesión entre el Estado y la Sociedad Panamá Ports Company S.A. para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de Contenedores Ro-ro, de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal.
La decisión de los magistrados se produce luego de una «amplia deliberación y discusión» durante la sesión ordinaria del jueves donde fueron analizadas dos «entradas» consistentes en demandas de inconstitucionalidad contra la Ley No.5 del 16 de enero de 1997, sus adendas y el acto de prórroga.
«En cumplimiento de su obligación como guardiana de la Constitución Política decidió declarar que son INCONSTITUCIONALES», según el comunicado oficial.
La decisión del máximo tribunal de justicia deja en incertidumbre la situación de los puertos y los servicios que presta al Canal de Panamá, y se produce en medio de la escalada de disputas entre China y Estados Unidos por las principales rutas del comercio mundial, incluido Panamá que opera como un «hub» de servicios logísticos y portuarios.
PPC ha operado los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico desde finales de la década de los 90s, y recibió una prórroga de 25 años más durante el paso gobierno.
En julio de 2025, El Contralor General, Anel Flores, anunció que habían presentado dos demandas ante la Corte Suprema, luego de encontrar «serias irregularidades» detectadas durante una auditoría practicada a Panama Ports y sus contratos.
Flores explicó que ambas demandas se enfocan especialmente en la prórroga contractual otorgada al final del gobierno anterior, la cual según la Contraloría no contó con el refrendo legal obligatorio de la Contraloría General de la República, tal como lo establece la Constitución Política, la Ley 32 de 1984 y la Ley 56 de 2008.
«Estamos solicitando la anulación de esa extensión porque fue otorgada fuera del marco legal. Es inadmisible que en otros países negocien sobre bienes que pertenecen a los panameños sin que Panamá tenga voz ni voto», manifestó Flores en ese momento.
