“Crimen de Estado” califica comisión de la verdad desaparición y asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014
La desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un "crimen de Estado" en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos, concluyó este jueves de forma preliminar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso.
Redacción Voz de la Diáspora
México – “La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, en una conferencia de prensa.
La desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos, concluyó este jueves de forma preliminar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso.
La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), y en particular el teniente militar Francisco Macías Barbosa, abandonó a un elemento que tenía infiltrado en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos” para vigilar a los normalistas, quien a la postre fue desaparecido junto a los 43 jóvenes la noche del 26 de septiembre de 2014, reiteró el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
En la presentación del informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre el Caso Ayotzinapa, Encinas dio a conocer que estas omisiones en las acciones del mando militar no sólo provocaron la muerte del soldado Julio César López Patolzin, sino que además evitó que los 43 normalistas fueran localizados con vida.
Las autoridades pueden asegura que la desaparición de los 43 jóvenes fue un crimen de Estado, pues corporaciones de seguridad de todos los niveles de gobierno tuvieron participación activa en el hecho y algunos de ellas colaboraron con el grupo delincuencial Guerreros Unidos en la captura y entrega de los jóvenes entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
“Todas las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada a Rancho del Cura y a la caseta de Iguala, su llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto, lo cual las omisiones en las que incurrieron estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportuna con la información que disponían, se hubiera impedido la desaparición y el asesinato de los estudiantes”, aseguró.
Sin especificar quiénes son los funcionarios señalados, ni el número de ellos, el subsecretario detalló que hay 33 personas puestas a disposición de la Fiscalía General de la República para que sea esta institución la que inicie o continúe con las diligencias y carpetas de investigación, no obstante, apuró en decir que la responsabilidad no escala hasta el expresidente Enrique Peña Nieto.
(con informe de agencias y medios mexicanos)
