Por H. Murcia
El Salvador – La organización Cristosal presentó el informe titulado “El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador 2019-2025”, en el que documenta casos de presunta persecución contra personas críticas del gobierno salvadoreño. El documento analiza el período comprendido entre 2019 y 2025, correspondiente a la administración del presidente Nayib Bukele, y sostiene que en esos años se han registrado múltiples casos de criminalización de opositores, activistas y periodistas.
Según el informe, al menos 245 personas habrían sido perseguidas por motivos políticos durante ese periodo, de las cuales 86 se encuentran encarceladas, de acuerdo con los criterios que la organización utiliza para identificar presos políticos. Entre los afectados figuran sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, expertos y actores políticos que han mantenido posturas críticas frente al Ejecutivo.
El documento sostiene que una parte significativa de estos casos se intensificó tras la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022, medida implementada por el gobierno como parte de su estrategia contra las pandillas. De acuerdo con el análisis de Cristosal, esta política también habría sido utilizada para iniciar procesos penales o acciones judiciales contra voces disidentes o actores críticos del gobierno.
La investigación señala además que 180 de las personas identificadas enfrentan procesos judiciales, mientras que en otros casos se registran medidas de presión como investigaciones penales, campañas de estigmatización o restricciones administrativas. El informe también afirma que solo siete de los casos documentados han concluido con condenas judiciales, lo que, según la organización, refleja el uso del sistema penal como mecanismo de intimidación política.
Entre los casos mencionados en el informe aparecen figuras públicas y defensores de derechos humanos, como la abogada y activista Ruth Eleonora López Alfaro, cuya detención en 2025 generó preocupación de organismos internacionales. Cristosal concluye que los patrones identificados representan una “regresión histórica” en materia de libertades públicas en El Salvador, mientras que las autoridades han defendido sus políticas como parte de la estrategia para combatir el crimen y mantener la seguridad en el país.
