Por Milagro Orellana
San Francisco, California—Decenas de defensores, familias migrantes y líderes comunitarios se concentraron el martes 18 de noviembre frente a la Corte Federal Phillip Burton, mientras una jueza federal evaluaba la legalidad de la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60,000 residentes de larga data en Estados Unidos provenientes de Honduras, Nepal y Nicaragua.
Foto: Cortesía de la Alianza Nacional del TPS.
La audiencia del caso NTPSA II v. Noem representa un punto decisivo para miles de beneficiarios que han vivido en el país por más de 25 años bajo protección humanitaria. A inicios de este año, pese a que un tribunal de distrito advirtió que las terminaciones probablemente eran ilegales, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió esas protecciones, permitiendo que las cancelaciones del TPS avanzaran y dejando a decenas de miles de personas sin estatus legal ni autorización de empleo.
Foto: Cortesía de la Alianza Nacional del TPS.
Durante la audiencia, el tribunal de distrito examinó si debía emitir un fallo final que restableciera las protecciones mientras el litigio continúa. Aunque la jueza no emitió una resolución definitiva, sí adelantó que se inclina por negar la moción del gobierno para desestimar el caso.
Fuera de la corte, los demandantes compartieron testimonios sobre el impacto devastador que han sufrido tras la terminación del TPS: pérdida de empleos, temor a la deportación y el riesgo de separación familiar.
Dentro de la sala, los abogados presentaron evidencia y testimonios de expertos que apuntan a que la decisión de finalizar el TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal estuvo motivada por presiones políticas y prejuicios, más que por evaluaciones legales o humanitarias.
Foto: Cortesía de la Alianza Nacional del TPS.
Los defensores legales reiteraron su compromiso de continuar la lucha en nombre de los beneficiarios y sus familias. La incertidumbre y el miedo prevalecen entre las aproximadamente 60 mil personas afectadas, muchas de las cuales llegaron a EE. UU. en la década de los 90’s y han construido vidas, hogares y comunidades a lo largo de décadas. Son trabajadores esenciales en sectores como la construcción, el cuidado infantil, la salud y la respuesta ante desastres; su posible deportación amenaza la estabilidad de familias enteras y debilitaría economías locales en todo el país.
“Las familias que han vivido legalmente aquí durante décadas ahora están en el limbo”, declaró Francis García, de la Alianza Nacional TPS. “La audiencia de hoy es su oportunidad para obtener justicia”.
Foto: Cortesía de la Alianza Nacional del TPS.
Organizaciones demandantes —entre ellas la Alianza Nacional TPS, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), el Centro de Ley y Políticas Migratorias (CILP) de UCLA, las Fundaciones ACLU del Norte y Sur de California y Haitian Bridge Alliance—pidieron a la corte restablecer las protecciones del TPS. También instaron a la Congreso y Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional (DHS) , a buscar una solución permanente para todos los beneficiarios del programa.
“Estamos aquí para defender a nuestras familias y nuestro futuro”, afirmó José Palma al cierre de la conferencia de prensa. “Las personas con TPS han construido sus vidas en este país. Este es nuestro hogar, y merecemos estabilidad y dignidad”.
Foto: Cortesía de la Alianza Nacional del TPS.
La decisión final de la jueza, que aún no tiene fecha, podría definir no solo el futuro de miles de familias migrantes, sino también el compromiso humanitario de Estados Unidos y el respeto al estado de derecho analizan las y los defensores.
