Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador – La Asamblea Legislativa aprobó este martes la Ley General de Recursos Hídricos con los votos de 65 diputados de cuatro fracciones parlamentarias de seis que cuenta actualmente el congreso.
Según la bancada oficialista y con mayoría absoluta en la Asamblea, esta ley garantiza la no privatización del agua potable y saneamiento como un derecho humano y que el Estado asegurará el buen uso de este recurso, que era la principal preocupación de varios sectores sociales, académicos y las iglesias del país.
La no privatización queda sustentada en gran cantidad de artículos que establecen una diferenciación entre el uso doméstico del agua y la explotación para fines comerciales.
Se determina que habrá un canon diferenciado para ambos casos, se evita la sobreexplotación del recurso y se regula la contaminación por vertidos en los diferentes cuerpos de agua.
La Ley General de Recursos Hídricos, pasó en discusión y sin mayor avance por casi quince años al no llegar a acuerdos los partidos mayoritarios de eses legislaturas, ARENA y FMLN.
Esta vez las fracciones legislativas de estos partidos políticos, ahora minoría en la Asamblea Legislativa, no dieron sus votos para aprobar la lay por considerar que no llena las expectativas e intereses de las llamadas Juntas de agua al establecer cobros por servicios y equipararlos con la explotación del recurso del sector privado, entre otros señalamientos.
La nueva normativa contiene 179 artículos que regulan las diferentes aristas que se relacionan con el uso y conservación del agua.
La gestión integral del recurso estará a cargo de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), así como el establecimiento de las tarifas por uso y aprovechamiento, y el canon por vertido (sustancias descargadas en los diferentes cuerpos de agua que causen modificación en su estructura).
La junta directiva de la ASA estará conformada por un director presidente; un representante del Ministerio de Medio Ambiente (MARN), otro del Ministerio de Agricultura (MAG), uno de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y del Ministerio de Turismo (MITUR).
También habrá representación del Ministerio de Vivienda (MIVI), Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Gobernación (MINGOB), Ministerio de Economía, Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de Obras Públicas (MOP), así como de la Universidad de El Salvador (UES), de los Organismos Zonales de Cuenca y de la sociedad civil.
La ley avalada asegura la equidad al brindar permisos para explotar el agua hasta por 15 años, tanto a las empresas privadas como a las juntas de agua.
