Por Yaneth Estrada
Los salvadoreños que viven en el exterior están preocupados porque podrían perder los ahorros que les fueron retenidos durante su vida laboral en su país.
Las AFP, instituciones que colectan los fondos de retiros a los empleados salvadoreños, están obligando a todos los que residen afuera de El Salvador a renunciar a su nacionalidad para poder retirar sus ahorros.
Esta semana, una nueva reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) en la Asamblea Legislativa, revivió las preocupaciones de los salvadoreños en el exterior.
Sin embargo, el tema lleva ya, varios años en discusión y a pesar de lograr cambios en el 2017, los legisladores no tienen todas las respuestas, a las preguntas e inquietudes de los cotizantes y tampoco se contempla una forma para hacer que el actual sistema, sea sostenible en el tiempo.
“Por qué un salvadoreño debe renunciar a su nacionalidad? Bastaría demostrar que tiene 5 años de ser ciudadano de otro país, esto debería ser reformado”, cuestionó, el diputado por el partido de izquierda, Víctor Hugo Suazo, al respecto de las preocupaciones de sus compatriotas.
Según el diputado izquierdista, “acorde a la Ley, las únicas alternativas para los salvadoreño en el exterior serían (el artículo 126 inciso último) renunciando a la ciudadanía salvadoreña (algo inconstitucional), o demostrar que se padece una enfermedad terminal (Art. 126, literal C)”.
Por ahora, la única opción, luego de esas dos excepciones, es cumplir la edad de retiro, 55 en mujeres y 60 en hombres, que tienen los que dejan algún trabajo formal, incluidos los salvadoreños que viven afuera de su país.
Además, para reclamar sus ahorros de retiro, los salvadoreños de la diáspora, tienen que presentarse a realizar el trámite de forma personal o delegar a un apoderado legal. Y para retirarlo, tienen que haber cumplido los 25 años de cotización para tener derecho a una pensión mensual.
Los trabajadores que no alcanzan este período laboral, pueden retirar el monto total de sus ahorros, haciendo el mismo procedimiento de forma personal, una vez alcancen los 55 o 62 años.
De Ahí, explicó Suazo, la necesidad de reformar la actual Ley SAP para establecer un sistema público de pensiones (propuesta del FMLN, partido de izquierda) que busque beneficiar a este sector altamente vulnerable, sin recibir comisiones o ganancias exorbitantes a costa de los pensionados.
Aunque esta discusión surgió a partir de una propuesta del partido de derecha GANA, el diputado de izquierda considera que esta es una medida populista, poco sustentable con el tiempo y que además, tiene ciertos errores de fondo y forma.
Según datos de ASAFONDOS, los afiliados totales en el Sistema de Ahorro para Pensiones salvadoreño es de 2. 5 millones desde diciembre del año 2013. Además la recaudación acumulada desde 1998 hasta 2013, es de más de 6 millones de dólares, con 7 millones de dólares en ahorros y con rentabilidad nominal.
En los últimos 12 meses, esta rentalibilidad fue de 2.32% y acumulada del 11.85% hasta 2010. Ahora bien, de los 48 mil 170 pensionados hasta la fecha, estos están distribuidos de la siguiente forma: 26 mil 183 pensionados por sobrevivencia, 20,044 pensionados por vejez y 1,943 pensionados por invalidez.
¿Lo colectivo o individual?
Ante esta situación, el economista, José Luis Magaña detalló que según la ley SAP, “ese caso no está contemplado para la devolución de saldo”. “Aunque, se puede hacer el intento, no existe un procedimiento para hacerlo, sino que sería más bien un tema de pelea legal”.
Sin embargo, el especialista reiteró que una solución sería, “a menos que ya haya cumplido la edad para jubilarse (55 años mujeres y 60 hombres con 30 años cotizados) y que haya cotizado menos de 10 años aquí en el país. Ahí la podría solicitar, cómo si viviera aquí”.
Esto aplica solo para quienes cotizaron a las AFP, si estaban en el sistema público (INPEP) necesitaría de otro procedimiento. “En general, ahí existe una falacia provocada por quienes impulsaron y defienden las AFP, ya que un sistema de pensiones no puede verse de manera individualizada”, dijo Magaña.
Agregó que por más que la ley diga que “ese dinero es de cada cotizante”, si eso fuera así, debería tener la posibilidad de utilizarlo, pero no es así, ni puede ser así”.
Igualmente, de aplicar estas acciones, el economista describió un panorama sombrío, ya que “si existiera la posibilidad, y todos (o la mayoría) saliéramos corriendo a sacar ese dinero de pensiones, quedaría desfinanciado el sistema y ya no existiría ningún sistema de pensiones (quedando al vilo el pago de pensiones a los actuales jubilados)”.
“Esto puede sonar tentador, pero eso es un sálvese quien pueda en el que salen más afectados, quienes menos ingresos tienen. La discusión de las pensiones, hay que verla desde una perspectiva de derecho. No es un servicio que estoy comprando, es un derecho que estoy contribuyendo a financiar”, acotó el especialista.
Para Magaña, se debe estar claro que “por estas razones, en el tema pensiones no debe existir mercantilización y, por eso, las AFP, con sus comisiones y la rentabilidad generada son una contradicción total con lo que debería ser un sistema de pensiones”.
