Por Yaneth Estrada
Cada 26 de octubre, después del fin de la guerra civil que afectó al país por 12 años y dejó miles de víctimas y desaparecidos, en El Salvador se conmemora el «Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos.»
Ese día, se reconoce la labor y el trabajo de los hombres y mujeres que luchan para lograr la sensibilización e importancia de los Derechos Humanos para contribuir con en el desarrollo de la democracia.
Para Eduardo García, director ejecutivo de ProBúsqueda, un defensor de derechos humanos «es una persona que reconoce que tiene derechos, que los demás tienen derechos y que para la convivencia pacífica de la sociedad intenta que haya una convivencia sana, y defiende esos derechos que pueden ser a la vida, educación, a la tierra y propiedad privada, a transitar, a la libertad a ser persona.»
En esa misma fecha pero en 1987, Herbert Ernesto Sanabria, entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos en El Salvador (CDHES), fue asesinado por agentes de la Policía de Hacienda, a las 6:45 de la mañana en Mejicanos, un municipio populoso de la capital salvadoreña.
Como Sanabria, miles de defensores de los derechos humanos fueron callados, torturados, desaparecidos y asesinados durante la guerra civil en El Salvador entre los años 1980 y 1992.
Aunque organizaciones como Pro Búsqueda continúan trabajando, los expertos en Derechos Humanos señalan que después de la firma del Acuerdo de Paz en 1992, estas prácticas aun persisten en el país.
En El Salvador, país considerado como uno de los violentos de la región centroamericana, aún continúan ocurriendo violaciones graves a los derechos humanos.
Persecución, procesos judiciales irregulares, situaciones no visibles y asesinatos, continúan ocurriendo. Además, defensores de los derechos humanos continúan luchando en el país centroamericano para que haya prohibición a la minera metálica, libertad de expresión, protección del ecosistema y derecho a la sindicalización.
La lista de derechos por los cuales hay que luchar sigue siendo grande. El reto es evitar la privatización del agua, lograr un mayor acceso a la democratización del espectro radioeléctrico, eliminar la marginación de los pueblos originarios, las desapariciones forzadas, las violaciones a los derechos de la mujer, la prohibición del aborto asistido, así como los crímenes en contra de la comunidad LGBT, niños y adultos, entre otros.
