Redacción Voz de la Diáspora
Reducir la burocracia, agilizar trámites y fortalecer el comercio exterior son algunos de los beneficios que se tendrán al eliminar el requisito de apostillar documentos extranjeros para operaciones comerciales, trámites aduaneros y compras públicas. Para ello, con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA)., según publicó el medio oficial del parlamento salvadoreño.
La enmienda contempla incluir el artículo 4-A, que indica que cuando se trate de documentos públicos emanados en el extranjero, la Administración Pública no exigirá su legalización o apostilla ni requerirá copias autenticadas, copias impresas o con firma manuscrita cuando dichos documentos se refieran directamente a operaciones comerciales o aduaneras, incluyendo el registro de productos.
Además, la Administración podrá emitir resoluciones provisionales para agilizar trámites mientras se presentan los documentos, otorgando un plazo de 10 días hábiles para subsanar, tras lo cual la resolución será definitiva.
De no presentar los documentos en el plazo establecido, la Administración podrá suspender o revocar la resolución provisional. La normativa aplica a toda la Administración Pública, incluyendo contrataciones del Estado.
Todas las entidades de la Administración Pública deberán adaptar sus procedimientos internos de acuerdo con esta norma y la Corte de Cuentas de la República supervisará su cumplimiento. Esto extiende el alcance a procesos como la selección de contratistas y fases de compras públicas.
