Por H. Murcia
El Gobierno de España ha aprobado un real decreto para iniciar la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 inmigrantes que viven en situación irregular en el país, una medida que el Ejecutivo describe como un paso significativo hacia un modelo migratorio basado en los derechos humanos y la integración social.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó tras la reunión del Consejo de Ministros que la medida permitirá que las personas beneficiarias —que podrán acreditar al menos cinco meses de residencia continua en España y no tengan antecedentes penales— obtengan autorización de residencia y trabajo en cualquier sector del país. Según la previsión oficial, el proceso podría iniciarse en abril de 2026 y permanecer abierto hasta junio, con el objetivo de agilizar los trámites y facilitar el acceso a derechos básicos.
La medida se produce en un contexto de crecimiento de la población migrante irregular en España: un informe reciente estimó que unas 840.000 personas vivían sin autorización en 2025, cifra que ha aumentado significativamente durante los últimos años. El Ejecutivo sostiene que la regularización responde tanto a necesidades humanitarias como a una estrategia para reforzar la cohesión social y la inclusión laboral, especialmente en sectores como la agricultura, la hostelería y los servicios.
Organizaciones sociales que trabajan con migrantes han saludado la iniciativa, señalando que sacar a estas personas de la irregularidad puede mejorar su acceso a empleo digno, sanidad y derechos laborales, además de reducir situaciones de precariedad. No obstante, partidos de la oposición han expresado críticas, advirtiendo sobre posibles “efectos llamada” y presiones sobre servicios públicos, en un debate político que reflejará diferentes visiones sobre la política migratoria en España.
El decreto se aprueba por vía de urgencia, sin pasar por el Parlamento, tras acuerdos entre el PSOE y sus socios parlamentarios, como Podemos, que impulsaron la tramitación de esta regularización tras el bloqueo de iniciativas legislativas previas. El Gobierno también ha resaltado que el proceso no concede automáticamente la nacionalidad, pero sí abre la puerta a la integración legal plena de miles de residentes que hasta ahora vivían en la sombra administrativa.
