Por Carmen Rodríguez, Washington DC
El presidente Donald Trump firmó el miércoles, la Orden Ejecutiva que anunció pondría en marcha para frenar la inmigración al país debido a la crisis de salud por el COVID-19.
La medida que entra en vigencia el jueves a la media noche, suspende y limita la entrada de extranjeros al país, sin importar su nacionalidad, que no tengan visas específicas, permisos de viaje o documentos de advance parole vigente.
«La suspensión y limitación de entrada de conformidad con la sección 1 de esta proclamación se aplicará solo a los extranjeros que: (i) están fuera de los Estados Unidos en la fecha de vigencia de esta proclamación; (ii) no tiene una visa de inmigrante que sea válida en la fecha de vigencia de esta proclamación», dice el documento difundido por la Casa Blanca, firmado por el presidente Donald Trump.
Horas antes de firmar la orden, el presidente dijo que esta acción está enfocada en la protección de los trabajadores estadounidenses que continuarán siendo afectados económicamente, por la pérdida de empleos que ha registrado el país.
Sin embargo, la media no aplica para los residentes legales, «cualquier extranjero que desee ingresar a los Estados Unidos con una visa de inmigrante como médico, enfermero u otro profesional de la salud; para realizar investigaciones médicas u otras investigaciones destinadas a combatir la propagación de COVID-19».
Además, los esposos, hijos menores de 21 años, prometidos de ciudadanos estadounidenses o personas con visas del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5, están exentos de esta restricción.
La Orden Presidencial tampoco afecta los procesos de asilo, retención de deportaciones o protección de programas a refugiados; así como a otros procesos que están en curso en las cortes migratorias o en las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS por sus siglas en inglés)
De acuerdo a la información difundida por la Casa Blanca, esta disposición se mantendrá vigente por los próximos 60 días, y está sujeta a cambios o a extensiones, según lo que recomienden los secretarios de Seguridad y del Departamento de Estado, a medida que evolucione la crisis de salud en el país.
