Por Yaneth Estrada
Ante la amenaza de una nueva Ley de Amnistía disfrazada en El Salvador por parte de la Asamblea Legislativa, el Relator en Derechos Humanos de la ONU, Fabián Salvioli pidió “no aprobar el anteproyecto de Ley que permita perdones de facto, por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno que cobró 75 mil vidas entre 1980 y 1992”.
A través de un comunicado, el experto internacional aseguró que “este borrador (anteproyecto de Ley para la Reconciliación Nacional) no toma en cuenta a los familiares de las víctimas, sus representantes y sociedad civil” , por lo tanto no cumple con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitida el 13 de julio de 2016, donde se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General aprobada el 20 de marzo de 1993.
Salvioli, mostró su “profunda” preocupación por este intento de abrir una amnistía de facto y eliminar la aplicación de sanciones penales por graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, recordó que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prohíbe recurrir a la amnistía o figuras que supriman los efectos de una pena condenatoria por graves violaciones a los derechos humanos”.
Por su parte, el diputado del FMLN y miembro de la Sub Comisión que analiza este Anteproyecto (de Ley para la Reconciliación Nacional), Damián Alegría señaló que “desde el momento de la sentencia de la Sala se debió haber conformado la comisión Ad- Hoc, pero por diversas razones el tiempo pasó y no se conformó, se comenzó el año pasado a estructurar un plan de trabajo”.
También, Julio Fabián de la bancada de ARENA aclaró que “es importante decirle al pueblo salvadoreño, al mismo presidente electo que esta Ley de Reconciliación es producto de un trabajo, que se viene haciendo desde hace más de 4 años”.
Sin embargo, a las afueras de la Asamblea Legislativa, el ex Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, organizaciones de derechos humanos, universidades, iglesias, familiares y sobreviventes de la masacre de El Mozote a 28 años de la firma de los Acuerdos de Paz (1992) exigieron a la Asamblea Legislativa que “no apruebe la Ley de Reconciliación Nacional” que deja nuevamente en el olvido, la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
