Por H. Murcia
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) está en el centro de una fuerte controversia después de que se filtrara un memorando interno que autoriza a sus agentes a ingresar a viviendas sin una orden judicial tradicional firmada por un juez. Hasta ahora, la práctica estándar en Estados Unidos exigía que cualquier entrada forzada a una residencia privada contara con una orden de un magistrado o juez para proteger los derechos constitucionales de los habitantes.
El memorando, fechado el 12 de mayo de 2025 y firmado por el director interino de ICE Todd M. Lyons, instruye a los oficiales que pueden usar una llamada orden administrativa (Formulario I-205) como base para entrar en domicilios cuando buscan detener a una persona sujeta a una orden final de deportación. Esta directiva permite que los agentes toquen la puerta, se identifiquen, esperen una oportunidad razonable para cooperar y, si no reciben permiso, ingresen usando “fuerza necesaria y razonable”.
La medida ha provocado críticas de abogados, organizaciones de derechos civiles y legisladores que señalan que las órdenes administrativas no equivalen a las órdenes judiciales y que esta práctica podría violar la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege contra registros y allanamientos irrazonables. Expertos legales han insistido en que solo un juez imparcial puede autorizar la entrada a un domicilio, y que permitir que funcionarios ejecutivos lo hagan sin supervisión judicial constituye un peligroso precedente.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende ICE, ha defendido el memorando argumentando que las personas contra las que se emiten estas órdenes han tenido “debido proceso completo” durante su caso migratorio, lo que según ellos justifica el uso de órdenes administrativas para arrestos en domicilios. Sin embargo, el documento no detalla cómo se llegó a esta conclusión ni por qué se ha evitado una aplicación más amplia del memorando dentro de la agencia.
La revelación ha generado un debate público intenso en Estados Unidos, con llamados de políticos como el senador Richard Blumenthal para realizar audiencias y una investigación congresional sobre los posibles abusos de poder. Defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido que esta política podría llevar a entradas arbitrarias, confusión con ciudadanos estadounidenses y enfrentamientos peligrosos durante redadas migratorias.
