Redacción Voz de la Diáspora
EE.UU. – El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, emitido esta semana, ha encendido las alarmas entre los 55.000 hondureños que residen en el país bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). La decisión autoriza al presidente Donald Trump a terminar con esta condición para 350.000 venezolanos, lo que ha generado un clima de incertidumbre entre los migrantes hondureños, cuyo TPS vence el 5 de julio. Hasta el momento, no hay noticias sobre su renovación, mientras la administración de Trump insiste en restringir el programa.
En Florida, el segundo estado con mayor cantidad de hondureños, la preocupación es palpable. Migrantes como Aarón Pineda, de 67 años, quien ha vivido legalmente en Estados Unidos desde 1999 gracias al TPS, temen perder su estatus. La cancelación del TPS no solo afectaría su vida laboral, sino también su vida familiar, ya que está casado con Carmen Moreno, quien tiene otro estatus legal en el país.
El temor se ha intensificado tras el fallo del lunes, que permitió al gobierno de Trump seguir adelante con la eliminación del TPS para los venezolanos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios como «desgraciados» y «criminales», lo que ha generado preocupación entre otras comunidades que podrían ser las siguientes en perder esta protección.
Ante esta incertidumbre, líderes comunitarios como Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre en Miami, han pedido al gobierno de Honduras que abogue por la permanencia del TPS. Las remesas enviadas por los hondureños en Estados Unidos representan más de una cuarta parte del producto interior bruto de Honduras. El secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, aseguró que se han realizado gestiones para apoyar a los compatriotas.
