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Por Guillermo Mejía
El ejercicio del poder y el hacer de lo político, en general, en consonancia con los intereses ciudadanos es materia sumamente importante y tiene que ser reivindicado por el trabajo comunicativo también a partir de los intereses de las mayorías, máxime en medio de la emergencia por la pandemia del COVID-19 y el autoritarismo creciente en la sociedad.
Como nos muestra la profesora universitaria argentina María Cristina Mata, especialista en comunicación ciudadana, popular y alternativa, es imprescindible, sin embargo, que se cambie el sentido dominante que ve a la comunicación como una gama de estrategias de producción y emisión de mensajes, y a la política como una estructura institucional formal.
Mata nos recuerda al también argentino Sergio Caletti que en relación con comunicación y política “señalaba que una de las dificultades para pensar críticamente las vinculaciones y entrecruzamientos entre los fenómenos comunicacionales y políticos era la naturalidad misma de esos cruces aunada a la persistencia de una ‘concepción en última instancia técnica de la comunicación y la política’”.
Según Mata, esa persistencia se refleja en las numerosas producciones que se interrogan acerca del modo en que la comunicación –en términos de tecnologías y estrategias- afecta a la política en términos de actividad institucionalizada: “Así proliferan los estudios que culpan a medios y tecnologías del deterioro de la política convertida en espectáculo o entretenimiento o, en las antípodas, los que auguran avances democratizadores y participativos gracias a las redes y la interactividad.”
En la actual coyuntura política nacional, esas concepciones erradas sobre comunicación y política encuentran cauce dado, por un lado, una cobertura periodística que margina en gran medida los derechos ciudadanos, aunque los medios reivindican ser vigilantes del poder, ya que las agendas se concentran sobre todo en temáticas que reflejan las preocupaciones o intereses de otros grupos de poder tradicionales.
Y, por otro lado, la política como ejercicio, desde del poder o desde los que se denominan sectores políticos de oposición, también se concentra en élites que representan intereses de grupos que no reflejan en sus prácticas actuaciones en consonancia con la participación ciudadana y, por ende, en sus agendas se vislumbran en gran parte intereses particulares.
Para el caso, el gobierno de turno no muestra voluntad por ser transparente en la toma de decisiones que afectan a las grandes mayorías. El bitcóin se impuso igual como pasó con la dolarización. Ahora dicen preparar una reforma de las pensiones, sin someterla a consulta de las mayorías sólo de sectores afines al oficialismo, a lo que se suma la reserva de todos los gastos que se ejecutan.
Sin embargo, las prácticas reñidas con la transparencia, la reserva de gastos, el sometimiento de otras esferas del Estado a intereses del partido gobernante o sectores políticos y económicos del poder real también lo hemos visto a lo largo del ejercicio del poder en la sociedad, igual pasó en los cuatro gobiernos de ARENA y dos del FMLN. La diferencia con el gobierno de Nayib Bukele es que estos gobiernos recientes tuvieron tacto en guardar la apariencia de respetar la institucionalidad.
Las mismas prácticas encontramos en los medios tradicionales de comunicación colectiva. Realmente, no es cierto que estén totalmente abiertos a la participación ciudadana, en detrimento del derecho a la información y la comunicación de los ciudadanos. Basta ver, oír o leer sus propuestas periodísticas, para comprobar que gran parte de sus agendas temáticas y sus actores priorizan los intereses de sectores políticos y económicos privilegiados.
Cuando hablan de política, por ejemplo, su eje de actuación va en dirección de reivindicar la existencia de una democracia hueca, elitista, alejada de los intereses de las mayorías, que se configura en aparentar una separación de poderes que siempre ha estado “pegada con saliva” y que, por cierto, es uno de los reclamos que le hacen al gobierno de turno que cada vez ha caminado en dirección a la concentración del poder con el alineamiento de otras instituciones del Estado. La reivindicación de la democracia para la gente no está en los discursos mediáticos.
En cuanto a lo económico, es de señalar, por ejemplo, el caso de las pensiones. Desde los medios tradicionales el discurso privilegiado es el de sectores económicos relacionados con la banca y las AFPs, a lo que suman a economistas que han sido asalariados o son asalariados de esos mismos sectores económicos dominantes. Las voces ciudadanas, que merecen ser escuchadas porque sufren la imposición de pensiones de hambre, son invisibilizadas.
Precisamente, es en ese horizonte de las mayorías populares que nos alecciona la profesora María Cristina Mata: “No es posible superar esas perspectivas restringidas y dicotómicas si se opera con concepciones instrumentales de la comunicación y la política”.
“El horizonte se modifica, en cambio, cuando además de tener en cuenta las dimensiones institucionales de la política –sus organizaciones, sus momentos de deliberación y decisión-, la pensamos como esfera y práctica de la vida colectiva en la cual se diseñan y discuten los sentidos del orden social, es decir, los principios, valores y normas que regulan la vida en común y los proyectos de futuro”, expone la autora.
Y agrega: “Y se modifica cuando, sin negar sus dimensiones operativas, pensamos la comunicación como esos complejos intercambios a través de los cuales los individuos y grupos sociales producimos significaciones en permanente tensión y confrontación. Es en ese tipo de nociones que se sostiene la sexta tesis de aquel texto de Caletti, que afirmaba que la comunicación constituye la condición de la política en un doble sentido: porque no puede pensarse el quehacer de la política como discusión de ideas sin actores que discutan, y porque no puede pensarse esa práctica en términos de construcción de proyectos de futuro sin la colectivización de intereses y propuestas.”
En ese sentido, frente a las tentaciones autoritarias de los políticos, es loable que los diversos sectores asuman su papel de críticos del ejercicio del poder que concentra las facultades que reparte, al menos, la democracia liberal que –a medias, en nuestro caso- posibilita cierta convivencia; sin embargo, reivindicar de ahí la democracia para las mayorías es la condición fundamental y eso implica participación ciudadana. No hay que caer en espejismos, mucho menos en la instrumentalización de parte de sectores políticos y económicos privilegiados.
La profesora Mata señala la importancia de comprender la articulación de comunicación y política que “se produce hoy en un espacio público constituido tanto por lo que yo he llamado ‘la plaza’, es decir, los espacios tradicionales de agregación y acción colectiva –espacios que van adquiriendo nuevas formas con el paso del tiempo-, y ‘la platea’, es decir, las prácticas mediáticas que se sostienen en nuestra condición de públicos de medios y usuarios de tecnologías de información y comunicación”.
“Ese espacio público mediatizado es uno de los ámbitos principales donde se dirimen hoy las luchas por el poder político, las luchas por la conducción de la sociedad, que no son independientes del poder comunicativo-cultural, es decir de la posibilidad de construir ideas hegemónicas. Una posibilidad en la que intervienen decididamente los dispositivos técnicos que permiten la aparición y representación mediática de temas y actores”, añade.
Nos recuerda la profesora Mata el carácter histórico de las mayorías populares en su lucha por hacerse ver y oír en el espacio público, en ese marco se sitúa la larga tradición de medios populares, alternativos y comunitarios construidos desde la necesidad y vocación de recuperar la capacidad y legitimidad de expresarse, tanto para minorías excluidas, pero también para las mayorías desposeídas de las condiciones necesarias para acceder a medios y tecnologías.
“En todos esos casos es posible reconstruir discursos y prácticas que identifican claramente intereses antagónicos y sus consecuentes justificaciones ideológicas: es decir, intereses encontrados que afirman o niegan la universalidad de los derechos a la comunicación. Y es ahí donde la articulación comunicación-política se revela con inédita potencia, socavando como nunca antes aquellas alardeadas nociones de independencia y objetividad de los medios que integran los sistemas masivos de comunicación”, advierte Mata.
Y le pone la tapa al pomo: “Más allá de las características particulares de cada uno de nuestros países, la existencia de situaciones monopólicas u oligopólicas que lejos de disminuir se acrecientan con los procesos de desarrollo y convergencia tecnológica, produce efectos bien conocidos: agendas únicas, voces concentradas, insuficientes espacios para la expresión y representación de diferentes actores y sectores sociales y políticos”.
“Pero, además, esas empresas que buscan acaparar para sí los derechos a la comunicación que son del conjunto de la sociedad, no encubren ya sus motivaciones y estrategias en las luchas por el poder. De manera desembozada intervienen como un actor político que propone ideas y proyectos, que convoca a participar o a abstenerse de hacerlo, que denuncia o apaña a personajes políticos o empresariales, que promociona candidatos o los estigmatiza, que enjuicia a los movimientos sociales que confrontan el orden establecido, que juzga a la mismísima justicia aunque ella –en muchos de nuestros países- no sea precisamente aquella dama ecuánime con ojos vendados, sino un instrumento más de construcción de inequidad”.
Allá, pues, cada uno de nosotros si cedemos a los cantos de sirena tan frecuentes en la sociedad.
