Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador – Un tribunal salvadoreño ha ordenado la captura del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y de cuatro militares retirados en relación con la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en 1989, durante la guerra civil del país. Este crimen, cometido por una unidad militar de élite, tuvo lugar en la Universidad Centroamericana (UCA). Cristiani está acusado de encubrimiento, mientras que los militares enfrentan cargos por ser autores materiales e intelectuales de los asesinatos.
La audiencia por la masacre dio inicio la semana pasada y este lunes el juzgado determinó enviar a juicio a 11 acusados de la autoría intelectual de esa masacre, cinco de ellos, ausentes. Se trata de Cristiani, el exdiputado Rodolfo Parker y los exmilitares Joaquín Cerna, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda a quienes se les giró orden de captura.
El resto de los imputados mantienen libertad condicional.
La masacre ocurrió La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en un contexto de intensa represión estatal y guerra civil (1980-1992), que dejó más de 75,000 muertos. Durante años, las investigaciones estuvieron paralizadas debido a la Ley de Amnistía de 1993, declarada inconstitucional en 2016. En juicios previos, solo algunos militares de bajo rango fueron procesados, pero más tarde liberados. Las nuevas acciones judiciales buscan responsabilizar a las altas esferas del poder, incluida la figura del expresidente.
Los sacerdotes asesinados eran miembros destacados de la Compañía de Jesús y críticos del régimen militar. Cinco de ellos eran españoles, y uno, salvadoreño. Además de los sacerdotes, murieron una empleada doméstica y su hija adolescente. Este caso ha generado gran repercusión internacional, con España condenando en 2020 al excoronel Inocente Montano, uno de los implicados, por la muerte de los clérigos españoles. Sin embargo, los intentos por juzgar a los responsables en El Salvador han enfrentado obstáculos legales y políticos.
Cristiani niega cualquier implicación en los hechos y asegura no haber tenido conocimiento del plan para asesinar a los jesuitas. Por su parte, organizaciones de derechos humanos y la comunidad jesuita insisten en esclarecer la autoría intelectual del crimen.
- Con información de La Voz de América