Redacción Voz de la Diáspora
Estados Unidos – Daniel Lozano-Camargo, un migrante venezolano de 20 años, fue deportado erróneamente por la administración de Donald Trump a El Salvador, a pesar de contar con una orden judicial que le protegía mientras tramitaba su solicitud de asilo en Estados Unidos. Al llegar fue encarcelado en el Cecot, una prisión de máxima seguridad conocida por sus duras condiciones, junto a otros migrantes como Kilmar Abrego García, en un caso que pone en evidencia graves fallos en el sistema migratorio estadounidense y el uso arbitrario de leyes antiguas para justificar deportaciones masivas.
Lozano-Camargo había ingresado a Estados Unidos como menor no acompañado en 2022 y estaba protegido por un acuerdo judicial aprobado en 2024, que prohibía su deportación mientras su caso de asilo estuviera abierto. Sin embargo, el gobierno de Trump argumentó que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada históricamente en tiempos de guerra, permitía su expulsión por considerarlo miembro de una organización terrorista, sin pruebas suficientes. Esta medida fue ampliamente criticada, ya que muchos de los deportados no tenían antecedentes penales.
La jueza Stephanie Gallagher, quien había aprobado el acuerdo que protegía a migrantes como Lozano-Camargo, ordenó su retorno a Estados Unidos argumentando que el caso no se trataba de si recibiría asilo, sino de garantizarle el debido proceso legal. El Gobierno, sin embargo, se ha resistido a acatar esta orden, alegando que incluso si regresara, su solicitud sería denegada por supuestos vínculos con pandillas, lo que la jueza consideró irrelevante para su derecho a un juicio justo.
El joven fue deportado junto con otros migrantes acusados de pertenecer a pandillas como el Tren de Aragua y MS-13, etiquetas que, según investigaciones periodísticas, se aplicaron sin fundamento en muchos casos, utilizando tatuajes u origen nacional como único “indicio”. Estas deportaciones reflejan una política de criminalización de los migrantes, en especial los venezolanos, bajo la administración Trump.
Tras revelarse su verdadera identidad —hasta entonces protegida bajo el seudónimo “Cristian”— se conoció que Lozano-Camargo había construido una vida en Houston, Texas: tenía un permiso de trabajo, una pareja y una hija adoptiva, además de un pequeño negocio. Su expulsión ocurrió después de ser condenado por posesión de pequeñas cantidades de drogas, pese a que su situación migratoria aún le permitía permanecer legalmente en el país.
Actualmente, Daniel Lozano-Camargo lleva casi dos meses encarcelado en El Salvador. Su familia insiste en su inocencia y denuncia que sus tatuajes fueron usados como pretexto para deportarlo injustamente. La jueza Gallagher ha dado un plazo para que el Gobierno apele su decisión, pero si no lo hace, exigirá acciones concretas para facilitar su retorno. Este caso, al igual que el de Abrego García, ha puesto en tela de juicio las políticas migratorias y el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades estadounidenses.
