Redacción Voz de la Diáspora
Panamá no buscaría un acuerdo con CK Hutchison que impulsa un arbitraje contra el país, luego que el contrato de concesión otorgado a una de sus filiales que por más de dos décadas operó dos puertos en el país fue cancelado a raíz de un fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lo declaró inconstitucional en enero pasado, declaró en la víspera el ministro Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
«…Panamá no va a acercarse a pedir ningún tipo de arreglo porque yo siento que la posición de la República de Panamá es muy fuerte», explicó Chapman, tras destacar que «no estamos negociando ningún acuerdo, ahora mismo estamos en proceso de iniciar un proceso de arbitraje» afirmó Chapman tras participar en una reunión de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Según Chapman «Panamá no necesita ser proactivo en solicitar un arreglo. Si la contraparte está interesada en acercarse para conversar sobre un posible acuerdo con la República de Panamá ofreciendo términos y condiciones razonables y atractivos para la República de Panamá, nuestra responsabilidad es escucharlos y así lo haremos», agregó.
El pasado 23 de febrero el fallo judicial de inconstitucionalidad fue publicado en Gaceta Oficial, lo que derivó en la salida de Panamá Ports Company (PPC) una filial de CK Hutchison con sede en Hong Kong a salir de Balboa y Cristóbal tras más de dos décadas de operaciones, mientras por decreto la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tomó control de las instalaciones portuarias.
La medida fue rechazada por el grupo honkonés que la consideró «ilegal», pero el presidente José Raúl Mulino afirmó en un mensaje a la nación que fue una medida necesaria y dentro de la ley para garantizar la continuidad de las operaciones portuarias tras la salida de PPC.
Mulino rechazó las críticas en contra de Panamá, y afirmó que no fue «una expropiación».
Con respecto al arbitraje Chapman sin ofrecer mayores detalles, afirmó que antes del 15 de marzo próximo ambas partes deben presentar ante la Cámara de Comercio Internacional de la Ciudad de Nueva de New York, la representación legal, sin dar una posible fecha de inicio del proceso, que según expertos podría prolongarse por años.
En cuanto a versiones de que China no estaría interesado en realizar nuevas inversiones en Panamá a raíz del conflicto con los puertos, afirmó que no tienen un informe oficial al respecto, y aclaró que China no es el mayor inversionista de Asia.
Chapman adelantó que el reclamo de la empresa «es por arriba de los 1.500 millones de dólares», una cifra que considera está «totalmente alejada de la realidad, en función de los aportes que ese contrato o ese operador le dio a la República de Panamá en los últimos 25 años, o sea, desde un punto de vista financiero, con la experiencia que yo tengo, creo yo que eso es rebatible», explicó.
En cuanto a versiones de que China no estaría interesada en invertir más en Panamá a raíz del conflicto con los puertos, Chapman aseguró que Panamá respecta la decisión de cada país.
«… la República de Panamá es un país que históricamente ha sido de vocación neutral. Panamá no discrimina contra ninguna nación y cualquier nación está en su pleno derecho de no querer realizar inversiones en la República de Panamá», agregó.
Chapman también reiteró que durante el período transitorio en que nuevos operadores atenderán los dos puertos, el Estado panameño recibirá un aproximado de 100 millones de dólares.
«Podría, sí, aproximadamente, pero dependemos, obviamente del comportamiento del mercado, del comercio mundial, y del volumen de transbordo en los puertos de Panamá» agregó.
Durante el período de transición que se extendería por unos 18 meses, y hasta que desarrolle una nueva licitación para operar los puertos, APM Terminal una filial de Maesrk tendrá a su cargo Balboa en el pacífico, mientras que Terminal Invesment Limited (TIL), que es el brazo marítimo de MSC a Cristóbal en el atlántico, de acuerdo a contratos temporales firmados con la AMP.
