Redacción Voz de la Diáspora
Los gobiernos de Panamá y Colombia acordaron establecer un plan que garantice el flujo seguro de los migrantes irregulares que intentan cruzar la frontera común entre las dos naciones en ruta hacia Norteamérica, mientras buscan apoyo de otros países, incluido Estados Unidos para abordar la crisis migratoria.
El acuerdo se produjo tras una reunión entre las cancilleres, y autoridades de seguridad de los dos países, en medio de la crisis desatada en las últimas semanas luego que miles de migrantes quedaran varados en la región colombiana de Necoclí, que esperan llegar a Panamá.
“Panamá y Colombia quieren montar un frente común… queremos involucrar a todos aquellos actores, tanto los que reciben por primera vez, como los países de destino” para establecer los mecanismos y protocolos de manera que el flujo migratorio sea controlado, seguro, y con un enfoque humanitario, dijo la canciller panameña, Erika Mouynes.
Mouynes recordó que ni Colombia, ni Panamá son países de destino y refugio de los migrantes sino lugares de paso, por lo que se requiere la intervención de todos los involucrados para abordar la crisis.
En ese contexto, el plan cuyos detalles serán acordados en una próxima reunión, deberá establecer la cantidad de migrantes que podrá movilizarse desde Colombia que no exceda la capacidad de los centros de acogida en territorio panameño.
Además incluirá detalles como las rutas de entrada y salida, y el transporte que utilizarán para evitar que se expongan al peligro que representa atravesar el “Tapón de Darién”, así como una estrategia coordinada contra el crimen organizado, y la trata de personas.
En ese esfuerzo también se incluye el intercambio de información periódico y preciso, y el cumpliendo de las medidas de bioseguridad para limitar los contagios por coronavirus.
La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez consideró también importante que los países establezcan controles “suficientemente claros en la frontera” para limitar no solo la migración irregular sino el crimen organizado, y en particular la trata de personas.
“…creemos que es muy importante que se puedan judicializar las personas que están involucradas en este negocio…que sean pedidas en extradición, y si el caso por parte de Estados Unidos porque sabemos que en todo caso esto está organizado para llegar a Estados Unidos con toda esta migración…”, afirmó la vicepresidenta.
El tránsito de migrantes, en su mayoría haitianos, además de cubanos, africanos y asiáticos ha ido en ascenso en la última década, en 2020 se redujo al mínimo debido a las restricciones de movilización impuestas por los países a raíz de la pandemia.
Con la apertura de fronteras el flujo ha ido en ascenso, en el caso de Panamá más de 45 mil extranjeros que ingresaron por la peligrosa e inhóspita selva de Darién han pasado por el país en lo que va del año, una cifra record que superó el registró más alto que fue en 2016 cuando rondó las 30 mil personas, según autoridades migratorias.
Ante esta situación Panamá convocó para el 11 de agosto una reunión ministerial con Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile Ecuador, México, Perú y Estados Unidos en busca de respuestas colegiadas y continentales a los peligros de esta ruta migratoria informal con destino a los países del norte, dijo la Cancillería panameña.
