Redacción Voz de la Diáspora
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino afirmó el viernes que la actividad en los puertos no será interrumpida pese al fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el Contrato de Concesión de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal operados por Panama Ports Company (PPC), filial de la honkonesa CK Hutchison Ports.
Mulino dijo en un mensaje a la nación que no habrá despido de personal en respuesta a la incertidumbre de miles de trabajadores, y anunció reuniones entre la empresa y la Autoridad Marítima de Panamá y el Ministerio de Trabajo, además de confirmar que habrá continuidad en las actividades portuarias con el actual operador hasta que el fallo entre en vigencia.
También ha disipado preocupaciones de la industria mundial ya que Panamá por su posición geográfica opera como «hub» marítimo.
«Es importante destacar que, hasta que el fallo quede ejecutoriado, se produce un periodo de continuidad del actual operador, sin ningún cambio operativo», dijo Mulino luego que en la víspera se hiciera público el fallo de inconstitucionalidad
«Después comienza un periodo de transición hasta que se culmine con una nueva concesión, bajo términos y condiciones favorables para nuestro país», agregó el mandatario.
Mulino también confirmó que han tenido pláticas con expertos operadores de puertos, y destacó que APM Terminals Panama una subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk «ha mostrado disposición para asumir, transitoriamente, la operación de ambas terminales y que cuenta con la capacidad y experiencia necesaria».
Aclaró que esa medida se activaría únicamente desde que quede ejecutoriado el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia, hasta que se produzca una nueva concesión, luego de un proceso abierto y participativo, y con mejores garantías para el país.
«El Estado panameño es garante de la defensa de los derechos que le asisten, por Constitución y la ley, a la empresa, y también será fiscalizador de las obligaciones contractuales que le corresponden, hasta que culmine el periodo de transición al que me he referido», concluyó.
PPC opina
En la víspera Panama Ports Company S.A. (PPC) rechazó el fallo de inconstitucionalidad a través de un comunicado, en el que destaca que no habían sido notificados de manera oficial.
«El nuevo fallo, basado en información disponible, carece de fundamento jurídico y pone en riesgo no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas, que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria, sino también el estado de derecho y la seguridad jurídica del país», según un comunicado colgado en su sitio web.
«Esta decisión es incompatible con el marco jurídico pertinente y con la ley que aprobó el contrato que ha servido de base para las operaciones de PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas, explica la empresa.
Agregó que durante 28 años de operación, PPC y su inversionista han invertido más de 1,800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, cifra que representa múltiples veces la inversión realizada por cualquier otro operador portuario en el país impactando el empleo, y la posición del país como «un hub portuario y logístico de referencia mundial».
«La concesión de PPC fue producto de una licitación internacional transparente. Desde ese tiempo, PPC ha cumplido con sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías realizadas por el Estado, siempre actuando con total transparencia y plena disposición de colaboración», concluye.
