Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador – La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) decidió reservar toda la documentación relacionada con el desfalco de $35 millones de la Cooperativa Santa Victoria (Cosavi), un hecho que salió a la luz el pasado 9 de mayo. Según el Índice de Información Reservada de la SSF, esta reserva cubre “todos los procesos en trámites y tramitados” en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).
La SSF justifica esta reserva argumentando que la divulgación de dicha información podría afectar el “cumplimiento de la normativa aplicable a las entidades supervisadas” y “revelar estrategias y acciones en los procesos en curso” que están bajo investigación conjunta con la FGR. Esta medida ha generado críticas de especialistas en transparencia, quienes consideran que la reserva refleja “opacidad en la gestión pública”.
Ruth Eleonora López, experta en temas de corrupción de Cristosal, mencionó que existe también una reserva judicial sobre el caso, la cual, en su opinión, no tiene justificación. Explicó que, según el Código Procesal Penal, los actos procesales deben ser públicos salvo excepciones justificadas, como la moral o la seguridad nacional, lo cual no aplica en este caso.
Henri Fino, representante del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), sostiene que esta reserva busca “proteger a funcionarios” posiblemente vinculados con la cooperativa. Señaló que la falta de control en las operaciones de Cosavi y los vínculos financieros con ciertas alcaldías generan sospechas sobre la implicación de actores políticos.
Los ahorrantes afectados lamentan la falta de acceso a la información del caso, pues consideran que la reserva pretende evitar que se conozcan los nombres de quienes están involucrados en el fraude. Aseguran que han intentado obtener respuestas, pero se les niega la información, lo que refuerza su percepción de desprotección por parte de las instituciones responsables de la supervisión.
