Por Yaneth Estrada
Marchando en bicicletas desde El Salvador del Mundo hasta la Asamblea Legislativa, personas no videntes y con discapacidad exigieron a los candidatos a diputados y alcaldes salvadoreños ser incluidos en la elaboración de políticas públicas y el reconocimiento a sus derechos.
La pedaleada fue organizada por CESTA, con el propósito de visibilizar las problemáticas cotidianas a las que se enfrenta este sector altamente vulnerable de la sociedad a días de conmemorar el Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre).
Mauricio Villanueva de la Asociación Salvadoreña de Personas Ciegas y Discapacidades Múltiples para la Superación Integral explicó que «nosotros nos enfrentamos a muchos retos, ante todo cuando caminos en las de San Salvador falta mayor accesibilidad, tomar el servicio de buses es muy difícil y de alguna manera tenemos que hacerlo. Así también se nos limita mucho el acceso al empleo, no existen oportunidades labores, en los hospitales en las clínicas del ISSS, no tienen alternativas para atender a personas no videntes».
Agregó que lo mismo pasa en el sistema educativo, no se tienen planes o garantías para niños, jóvenes y adultos no videntes u otra discapacidad. Ni se cuenta con instalaciones adecuadas y docentes especializados.
Por eso están participando en esta bicicleteada organizada por CESTA para exigir a los candidatos a diputados y alcaldes que tomen en cuenta a las personas con discapacidad. En El Salvador hay 118,525 personas con algún tipo de discapacidad visual, según cifras del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) hasta diciembre de 2018, lo que representa cerca de un 2% de la población.
Pronunciamiento y exigencias
En un Pronunciamiento oficial, las personas y organizaciones de y para personas con discapacidad, instaron al Presidente de la República y a todo su gabinete de gobierno a que adopte de manera inmediata las medidas y recursos necesarios para la aplicación de la Ley Especial de Inclusión; y con urgencia la nueva estructura del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD).
También demandaron a que el Ejecutivo dé las directrices pertinentes para que a través del CONAIPD se inicie a prontitud la formulación del Reglamento de la Ley Especial de Inclusión y que este proceso se realice con la participación activa de las organizaciones de y para personas con discapacidad. Que esta entidad rectora tome un rol más activo y supere todas las debilidades que actualmente presenta desde su creación.
Así como que el CONAIPD realice de la manera más transparente las elecciones de representantes de la sociedad civil ante el Pleno y Comité Técnico conforme a los requerimientos que exige la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad y respete la voluntad popular de estas elecciones.
También crear la Política Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad y su aplicación a través de programas y proyectos para la protección social en consonancia con los artículos 71, 73, y 75 de la Ley Especial de Inclusión, se respete y se dé cumplimiento a los compromisos de protección social ya establecidos conforme a las personas con discapacidad a consecuencia del conflicto armado.
