Redacción Voz de la Diáspora
En siete días como presidente de El Salvador, Nayib Bukele sumó cerca de 500 despidos en diferentes instituciones, la supresión de cuatro secretarías, dos populares contrataciones, el anunció de una reducción de subsidio al gas licuado, una baja en los precios de la gasolina y el pago del bono trimestral a la Policía Nacional Civil (PNC) aprobado hace 2 semanas por la Asamblea Legislativa.
De estos despidos, 480 fueron por la supresión de las secretarías de Transparencia, Gobernabilidad, Inclusión Social y Técnica. Además, 21 despidos fueron por casos de nepotismo relacionados con dirigentes del pasado gobierno del FMLN, como Nidia Díaz, Hugo Martínez, Sigfrido Reyes, Víctor Hugo Suazo y Norma Guevara, así como 4 hijos y varios nietos del ex presidente Salvador Sánchez Cerén.
“Pensé que tendríamos que esperar hasta las auditorías forenses, pero la corrupción es demasiado evidente”, escribió en redes sociales, el mandatario.
En otras denuncias, también el nuevo presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) Alex Hasbún, señalado como familiar del presidente Bukele, encontró viajes realizados con fondos públicos a destinos como Islas Canarias, India, China, Cuba y Taiwán. “En el año 2018 se registró una pérdida monetaria de un millón y medio de dólares”, agregó Hasbún.
Además, en horas de la tarde de este jueves, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) le recordó en su cuenta de Twitter al Canal Gentevé que “tiene una deuda por el uso del Espectro Radioeléctrico para Radio y TV que no ha sido cancelada desde octubre de 2016 con un monto de $227,721.12”.
Ante esta forma de proceder, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) en un pronunciamiento le recomendó al nuevo Jefe de Estado, hacer las modificaciones necesarias para cumplir sus objetivos, «pero no atropellar los derechos laborales de las dependencias suprimidas”, por lo que llamó a la cordura y a una intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Mientras, organizaciones sociales y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) rechazaron los nombramientos de Mauricio Arriaza Chicas como subdirector de Áreas Especiales de la PNC, por haber sido relacionado a ejecuciones extrajudiciales y a Osiris Luna Mesa, nombrado director de Centros Penales y actual diputado de GANA, por considerar que no es la persona indicada para el cargo.
