Los Ángeles dónde hay tres jueces que han estado dándole seguimiento al caso y ahora que se termina el proceso de diálogo y negociación solo esperan un fallo favorable de la Corte del Circuito Nueve de California.
Por Milagro Orellana
Los Ángeles, California-Después de 16 meses las negociaciones entre los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en ingles), demandantes de Ramos vr Mayorkas y la administración del presidente Joe Biden, colapsaron de manera oficial el martes, lo que deja a más de 260,000 personas en riesgo de una posible deportación.
Miles de tepesionos y la Alianza Nacional del TPS esperaban un resultado favorable después de meses de conversaciones, y que la situación migratoria dejara de ser un calvario para familias como la de Orlando Zepeda, un litigante de la demanda de origen salvadoreño.
Zepeda dijo estar “triste al recibir la noticia…pero llamó a continuar la lucha hasta obtener una residencia permanente y tener un estatus legal favorable para todos los tepesianos”.
Jessica Bansal, directora legal de Unused Workers United, que representa a los demandantes afirmó que los beneficiarios de TPS y sus familias merecen algo mejor.
“…Seguiremos luchando contra estos despidos crueles e ilegales durante el tiempo que sea necesario…esto no es donde esperábamos estar casi dos años después de que el presidente Biden asumiera el poder”, detalló.
A través de Ramos v. Mayorkas, los beneficiarios de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses obtuvieron un alivio temporal en octubre de 2018, cuando un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que las terminaciones eran ilegales y motivadas por intenciones racistas. Sin embargo, en septiembre de 2020, un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revocó la orden del tribunal inferior. Esa decisión aún no es definitiva porque la solicitud de los demandantes de una nueva audiencia ante el Noveno Circuito en pleno sigue pendiente.
Pese a que hay un desaliento, seguirá la lucha expresó Ahilan Arulanantham, co-director del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de UCLA en representación de los demandantes.
“Estamos profundamente decepcionados de que la Administración Biden haya optado por defender las decisiones de terminación de la era Trump, poniendo así a cientos de miles de familias en riesgo de separación”, explicó Arulanantham.
El también el líder de la demanda explicó que “hemos pedido al Noveno Circuito en pleno que dictamine que esos despidos fueron ilegales. Esto es lo que claramente requiere la ley”.
El Salvador es el que posee la mayor cantidad de beneficiarios con 263 mil personas protegidas por el TPS que ha sido renovado en varias ocasiones, lo que les ha permitido vivir y trabajar de manera legal en EEUU por más de 20 años.
Los tepesianos y sus hijos, ciudadanos estadounidenses, presentaron la demanda de Ramos v. Mayorkas por primera vez en 2018 después de que el ex presidente Donald Trump cancelara el TPS para los nacionales de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Nepal y Honduras.
Hasta el momento los únicos países que forman parte de la demanda a los que la administración Biden ha otorgado el beneficio son Sudan y Haití, este último debido a la crisis política y social desatada tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, pero dejó fuera a los otros cuatro países sin protección migratoria.
En 2019 el gobierno de El Salvador firmó un acuerdo con la Administración del expresidente Donald Trump en el que se comprometió a colaborar en la repatriación ordenada de los salvadoreños amparados al TPS que quedarían fuera del beneficio migratorio tras la cancelación.
Distintos activistas entrevistados consideran que desde entonces la representación diplomática salvadoreña no ha reaccionado a favor de los repesianos, tampoco ha cabildeado, ni ha realizado un acompañamiento constante ante los altos mandos del congreso para velar por sus derechos.
Las reuniones no han considerado las necesidades y peticiones de los tepesianos salvadoreños, y tras los ataques del presidente de El Salvador, Nayib Bukele al gobierno de Biden, el túnel parece ser más oscuro, según los activistas.
“La administración de Biden tiene la autoridad legal y la obligación moral de expandir el TPS a todos los que lo necesitan”, dijo Doris Landaverde, titular de TPS de El Salvador y líder en la Alianza Nacional de TPS.
“Re-designar el TPS a países centroamericanos debería de ser lo mínimo para un gobierno que trae deuda histórica con una región devastada por la intervención estadounidense y con nuestra comunidad, que por su mano de obra se ha logrado sostener a la economía estadounidense, incluso en medio de una pandemia global”, agregó.
Los nicaragüenses beneficiarios del TPS tampoco ha tenido acompañamiento diplomático, de hecho en los últimos días el gobierno del presidente Biden sancionó el oro de Nicaragua, y prohibió la entrada de decenas de allegados a la administración de Daniel Ortega a los que acusa de corrupción.
El único que ha realizado gestiones y cabildeo ha sido el gobierno de Honduras quien ha solicitado de manera formal al país norteamericano que considere una extensión más del TPS para sus connacionales.
Por otro lado Nepal con sus “15,000 nepalíes llaman a este país su hogar, y estamos muy decepcionados de que la administración Biden aún no haya actuado para protegernos”, dijo Anil Shahi, titular de TPS de Nepal y organizador de inmigración de Adhikaar, una organización nepalí.
“Pero somos resistentes. Continuaremos luchando por nuestro derecho a permanecer en el país que es nuestro hogar”, sostuvo.
Por el momento las familias tepesianas esperan el fallo de la Corte del Noveno Circuito de California, de no haber una extensión y no emita una resolución favorable seguirán en el limbo legal, si el presidente Biden no concede una nueva extensión del beneficio migratorio antes del 30 de noviembre próximo.
Si la Corte emite un fallo en cancelar de una vez por todas el TPS, los centroamericanos beneficiados deberán salir de forma ordenada y voluntaria antes del 31 de diciembre de 2023.
Tras la última actualización sobre la Demanda Ramos v. Mayorkas, los comités de la Alianza Nacional TPS han organizado en una serie de eventos, conferencias de prensa y vigilias en varias ciudades de EU, incluidos Los Ángeles, San Francisco, Long Island NY, West Orange NJ, Washington DC, Houston, Dallas y Arkansas.
