Por Milagro Orellana
San Francisco, CA – Este martes se dio inicio a una audiencia decisiva en la Corte Federal del Distrito Norte de California, ubicada en el edificio federal de San Francisco, donde también se encuentran los juzgados del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones. La audiencia responde a una demanda presentada en defensa del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para inmigrantes originarios de Honduras, Nicaragua y Nepal.
Un juez federal escuchó los argumentos del caso NTPSA II v. Noem. La demanda impugna la decisión del gobierno estadounidense de poner fin al TPS para inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua.
La posible terminación del programa afectaría directamente a más de 60 mil personas que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante años, muchas de ellas con familias y vínculos profundamente arraigados en el país. De no revertirse la medida, los beneficiarios podrían perder sus protecciones legales y enfrentar la amenaza de deportación a partir de agosto.
La jornada fue acompañada por una movilización organizada por la Alianza Nacional TPS, que reunió a cerca de un centenar de personas provenientes de distintas partes del país. El objetivo: visibilizar la situación de miles de familias beneficiarias del TPS que enfrentan una inminente amenaza de deportación a partir del 8 de septiembre.
Según lo previsto, el próximo viernes se celebrará una segunda audiencia en el mismo tribunal, esta vez en relación con los casos de TPS de Haití y Venezuela. En dicha sesión, el juez determinará si existen méritos suficientes para avanzar a juicio o si, como solicitan los abogados del gobierno de Estados Unidos se desestima la demanda.
Las decisiones que emanen de estas audiencias podrían tener profundas implicaciones para el futuro de decenas de miles de inmigrantes que han residido legalmente en el país bajo este estatus humanitario.
El caso se desarrolla en la Corte Federal del Distrito Norte de California y es observado de cerca por organizaciones de derechos humanos, abogados y comunidades migrantes, dado el impacto potencial que podría tener sobre el futuro de miles de personas amparadas bajo este programa humanitario.
