Por Yaneth Estrada
El sacerdote jesuita José María Tojeira, exrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, de El Salvador, aseguró que con la nueva Ley de Reparación de Víctimas del pasado conflicto armado, los diputados “se burlan de los derechos a la justicia de las víctimas. Se burlan del alto Comisionado de los DDHH. Se burlan del Relator de la ONU para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los graves crímenes del pasado”.
Además sostuvo que frente al intento de la Asamblea Legislativa de promulgar una nueva ley de amnistía, enmascarada en una así llamada ley de reconciliación, “la ciudadanía debe decir no”.
Por su parte, Arnau Baulena, abogado y defensor de los derechos humanos del Instituto de Derechos Humnanos de la UCA (IDHUCA) manifestó que “este documento es una burla, un insulto a la inteligencia. ¿Por qué no añaden que las víctimas tienen que pedir perdón a los victimarios por pedir justicia? Queda acreditada la mala fe y la falta de conocimiento y rigor técnico de quienes han trabajado este documento”.
También el ex procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales instó a los diputados a que sean transparentes. “¿Qué beneficios penitenciarios y su justificación legal?, ¿qué tiempos y capacidades de investigación para la Fiscalía?, ¿competencias de la jurisdicción? Recuerden que los juicios simulados son violatorios de los derechos humanos”, advirtió.
Mientras que la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, a la cual la ONG CRISTOSAL pertenece, se pronunció “contra la Ley de Reconciliación Nacional que la Asamblea busca aprobar como una nueva ley de amnistía”.
La “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz” aprobada por Decreto Legislativo N. 486, el 20 de marzo de 1993, perdonó y exoneró de todo cargo judicial y penal tanto a militares de la Fuerza Armada de El Salvador como a la guerrilla insurgente, de que se vieran involucrados en los delitos de «lesa humanidad», comprendidos en el período de la guerra civil, desde enero de 1980 al 1 de enero de 1992.
Esta fue declarada inconstitucional, el 13 de julio de 2016, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ), bajo el argumento que “la Ley de Amnistía violaba el derecho de acceso a la justicia”.
