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Contraloría presenta denuncia penal relacionada con auditoría a Panamá Ports Company

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Redacción Voz de la Diáspora/agencias

Panamá-La Contraloría General de la República informó el miércoles que presentó una denuncia penal por la posible comisión de delitos contra la Administración Pública como consecuencia de las «presuntas irregularidades» detectadas en una auditoría relacionada con el contrato entre el Estado panameño y Panamá Ports Company, S.A. (PPC) para operar dos puertos cercanos al Canal.

La denuncia ante el Ministerio Público fue presentada en la víspera con el propósito de que las autoridades competentes investiguen los hechos identificados y determinen si existen responsabilidades de carácter penal, según el comunicado oficial.

Foto de archivo

También involucra a los integrantes titulares y suplentes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, y a los distintos administradores generales de la institución durante el período, además de a la sociedad Panama Ports Company, explicó el organismo de control fiscal.

«La acción incluye a quienes fungieron como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, así como a quienes ocuparon el cargo de administradores generales de esa institución durante dicho período y a la sociedad Panama Ports Company, S.A.» explicó la institución fiscalizadora.

Los hallazgos están contenidos en el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento relacionado con el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997 suscrito entre el Estado panameño y PPC, así como con sus respectivas adendas, explicó la Contraloría, sin ofrecer más detalles.

La Contraloría auditó los informes entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024, y evaluó, entre otros aspectos, las cifras presentadas en los estados financieros de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, agregó.

«Se identificaron posibles irregularidades y hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública, razón por la cual la Contraloría puso a disposición del Ministerio Público la información y documentación correspondiente», explicó la Contraloría.

PPC, filial en Panamá del conglomerado hongkonés CK Hutchison operó por más de dos décadas los puertos de Balboa en el pacífico, y Cristóbal en el atlántico ubicados cerca del Canal de Panamá, pero un fallo judicial dejó sin efecto a principios del año el marco jurídico que sustentaba la concesión de 1997 que le otorgaba a PPC el derecho a operar las instalaciones portuarias.

Panamá asumió el control de ambas instalaciones portuarias y otorgó a dos operadores portuarios un contrato temporal por 18 meses para operar ambos, tras finalizar ese período se esperaría que otorguen un acuerdo más amplio.

En tanto el país debe lidiar con los arbitrajes por más de 2,000 millones de dólares interpuestos por las empresas afectadas que piden ser compensados.

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