Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador – Según una investigación del medio digital El Faro, dado a conocer en las últimas horas, documenta una red de corrupción carcelaria en El Salvador, donde familiares de reclusos pagan sobornos a intermediarios y autoridades penitenciarias para obtener visitas, recibir cartas o incluso lograr la salida temporal de los presos a hospitales privados sin estar enfermos. Los montos van desde los $150 hasta los $500 por visitas, y en algunos casos, los pagos alcanzan los $30,000 para salir de la cárcel bajo falsos pretextos médicos.
Dos comerciantes, Rosa y Mary, relataron cómo pagaron sumas exorbitantes para comunicarse con sus familiares detenidos. Rosa desembolsó $9,000 para visitar seis veces a sus hijos en Mariona, mientras que Mary pagó $1,200 por recibir dos cartas de su esposo en Quezaltepeque. Otro testimonio revela que un reo pagó más de $30,000 para salir de prisión y reunirse con su familia en un hospital.
La organización UNIDECH ha registrado varios casos similares, incluyendo “donaciones” forzadas de materiales de oficina y construcción a los centros penales a cambio de visitas. En julio de 2022, la madre de un defensor de derechos humanos entregó materiales valorados en $420 para visitar a su hijo en Cutumay Camones, mientras que en 2022 se exigieron $1,500 en materiales de construcción a familias de tres regidores de Zacatecoluca para permitir visitas de una hora.
Un periodista de El Faro logró entrevistar en 2023 a un reo en un hospital privado, quien asegura que pagó más de $30,000 dólares para salir de Mariona y discutir su defensa legal. En la conversación, el reo aseguró que el monto de los sobornos depende del perfil socioeconómico del detenido y que las autoridades carcelarias controlan estrictamente el acceso a visitas y llamadas.
Rosa, desesperada por ver a sus hijos presos, recurrió a una abogada identificada como Maritza Beatriz Ayala Larrama, quien le cobró $19,000 por la defensa legal y visitas. Sin embargo, la defensa no tuvo éxito y Rosa nunca recuperó su dinero. La Fiscalía detuvo a una intermediaria de la abogada por fraude inmobiliario, pero Rosa teme represalias si denuncia a Ayala.
El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo con 109,000 reos, triplicando la capacidad de las cárceles. La corrupción llega hasta altos funcionarios, incluyendo al director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, señalado en investigaciones por facilitar salidas irregulares de presos y por participar en esquemas de corrupción durante la pandemia. Estados Unidos lo sancionó bajo la Ley Magnitsky por sus vínculos con pandillas.
El gobierno de Nayib Bukele suspendió indefinidamente las visitas a los reclusos en 2019, medida que se reforzó con la pandemia y el régimen de excepción. Sin embargo, la corrupción ha permitido que quienes pueden pagar accedan a privilegios mientras miles de familias permanecen sin noticias de sus seres queridos. La Fiscalía ha archivado la mayoría de las denuncias sobre muertes en prisión, y el gobierno mantiene el silencio como respuesta a los señalamientos de corrupción.
