Redacción Voz de la Diáspora
Estados Unidos – El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó al presidente Donald Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350.000 venezolanos, dejando su situación legal en el país en un estado incierto. Esta decisión permite que el caso continúe en tribunales inferiores, mientras miles de personas quedan a la espera de una resolución definitiva.
La medida anula una decisión anterior del juez federal Edward Chen, quien había suspendido la revocatoria del TPS por considerar que podía estar motivada por racismo y que causaría un daño irreparable a los migrantes afectados. El gobierno de Trump reaccionó a esa suspensión con una apelación de emergencia ante la Corte Suprema, la cual fue aceptada.
La administración argumentó que poner fin al TPS era un asunto de interés nacional y que los tribunales no deberían intervenir en decisiones migratorias que, según ellos, son competencia exclusiva del Ejecutivo. Trump incluso afirmó que estas limitaciones judiciales impedían que cumpliera con las promesas por las que fue electo.
El TPS es un programa humanitario que protege a personas provenientes de países en crisis, permitiéndoles trabajar y evitar la deportación. Sin embargo, tras asumir la presidencia en enero, Trump impulsó su cancelación para los venezolanos, endureciendo así su política migratoria.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también adoptó un discurso hostil, calificando a los beneficiarios del TPS como «desgraciados» y criminales, reforzando el tono represivo de la administración hacia los migrantes. Esta narrativa forma parte del enfoque general del gobierno de Trump sobre la inmigración.
Aunque la Corte Suprema no eliminó directamente el programa, su fallo da luz verde para que el caso continúe en los tribunales inferiores. Mientras tanto, los más de 350.000 venezolanos protegidos por el TPS quedan en un limbo legal, enfrentando la posibilidad de ser deportados.