Redacción Voz de la Diáspora
Horas después de que la Fuerza Armada salvadoreña se tomara las instalaciones de la Asamblea Legislativa, por orden del presidente Nayib Bukele, la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión de las acciones que atentan contra la democracia en El Salvador.
La medida fue tomada, luego que dos ciudadanos presentaran una demanda de inconstitucionalidad en contra de la convocatoria que hizo el Gobierno de Bukele para presionar a los diputados a aprobar un préstamo por 109 millones de dólares.
Además, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña, ordenó al presidente Bukele «abstenerse de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contratarías a los fines establecidos constitucionalmente y poner en riesgo la forma de gobierno republicano y democrático… y de manera particular la separación de poderes».
Los magistrados de la Sala también ordenan en su resolución al director de la Policía Nacional Civil (PNC) Mauricio Arriaza Chicas y al ministro de Defensa, René Francis Merino Monrroy, a no ejercer «funciones, ni actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados».
Tanto el director de la PNC, como el ministro de Defensa, en medio de la crisis política desatada el fin de semana pasado, expresaron públicamente que sus instituciones obedecerán cualquier orden que de el presidente Bukele.
Militarizan Centro de Gobierno
Desde la década de los 90, El Salvador no veía a la Fuerza Armada irrumpir en una institución y tomarse las calles en los alrededores del Centro de Gobierno.
El domingo, muchos salvadoreños revivieron los horrendos recuerdos de la violenta guerra civil que dejó 75 mil salvadoreños muertos, cuando un comando militar entró a la Asamblea Legislativa por orden del presidente Nayib Bukele.
Además de esta demostración de poder, Bukele pidió a la población acogerse al artículo 87 de la Constitución Salvadoreña, en el que «se reconoce el derecho a la insurrección».
La tensión se desató y creció el viernes anterior, después que los diputados no le aprobaran a Bukele un préstamo de 109 millones de dólares, con la que, entre otras cosas, el Gobierno pretende adquirir un buque de búsqueda e invertir en su plan de seguridad, del que pocos detalles se saben.
La aprobación del préstamo financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, estaba casi lista. Sin embargo, la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa salvadoreña, solicitó más detalles de cómo se utilizaría el dinero.
El Gobierno se negó a dar los detalles solicitados. El estira y encoge empeoró y se dio el choque de poderes que desató en la militarización de la Asamblea Legislativa.
Reacciones internacionales
Las reacciones ante el incidente y la militarización de la Asamblea Legislativa no se hicieron esperar. El senador de la Cámara de Representantes, Patrick McGovern, mostró su desacuerdo en tuiter.
Además, el director de la Divissión de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo también en tuiter, que «la fuerza bruta» que se observó en El Salvador es motivo para que la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reúna urgentemente.
Mientras que el senador estadounidense, recalcó que la base de la democracia «es la separación de los poderes». McGovern señaló además, que la solución de diferencias políticas debe ser siempre por medio del diálogo.
