Por Alberto Barrera
El Salvador – El 17 de marzo de 1982 cuatro periodistas holandeses viajaron a Chalatenango, al norte de El Salvador, para entrevistar a civiles en una zona dominada por guerrilleros izquierdistas, pero no llegaron a la cita fueron acribillados por miembros de un batallón del ejército.
Más de 39 años después se sigue demandando justicia. El proceso está abierto y familiares, colegas y el gobierno de su país insisten en que se castigue a los culpables cuyos nombres y rangos están en un tribunal de Dulce Nombre de María que sigue el caso del crimen ocurrido en una zona agreste del poblado Santa Rita.
“Esperamos que pronto se haga justicia”, dijo a la prensa la embajadora del Reino de los Países Bajos, Christine Pirenne quien junto a una delegación de Holanda, familiares y periodistas visitaron el lugar el 28 de octubre en el que se cometió el asesinato junto a otros cuatro rebeldes y dos guías civiles.
Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Jop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen fueron los periodistas asesinados que trabajaban en un reportaje para la estación católica IKON TV.
La Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) dijeron en un comunicado que realizaron la visita guiada al lugar en donde el equipo de periodistas asesinados buscaba población civil que habitaba esa área del país que había sobrevivido a las operaciones de “tierra arrasada” que realizaba el ejército.
Los cuatro fueron detenidos e interrogados el 11 de marzo de 1982 por agentes de la Policía de Hacienda que era la responsable de perseguir opositores o críticos al gobierno. Los periódicos locales publicaron una foto de ellos saliendo del cuartel del cuerpo de seguridad que fue abolido con los acuerdos de paz firmados en enero de 1992 y que pusieron fin a la guerra civil de 12 años.
“Los 4 periodistas fueron aún más perseguidos y amedrentados hasta el punto de llegar a intervenir su habitación en un hotel (Alameda) de la capital salvadoreña”, agregó el comunicado.
Y es cierto lo de la persecución. En esa época la prensa extranjera tenía gran cohesión y algunos alertaron a los holandeses, en especial a Koos Koster, para que desistieran del plan de visitar la zona, pero decidieron viajar al lugar para caer en la emboscada que conmocionó al mundo.
La Comisión de la Verdad formada por la ONU para investigar las peores atrocidades cometidas por las partes en el conflicto concluyó en 1993 que la emboscada fue organizada y ejecutada por soldados y oficiales por orden del coronel Mario Reyes Mena, comandante de la Cuarta Brigada de Infantería en El Paraíso, del departamento de Chalatenango, pero inmediatamente se decretó una ley de amnistía que evitó el juicio a los culpables.
Esa ley de amnistía fue derogada en 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y abrió las puertas a iniciar procesos judiciales por matanzas y crímenes como el de los cuatro periodistas holandeses.
En marzo de 2018 abogados en representación de familiares de las víctimas demandaron ante la Fiscalía a los autores materiales e intelectuales y en septiembre de ese año se lanzó el documental “A sangre fría” del programa de televisión Zembla de Holanda que revelara datos del crimen y localizara al viejo jefe militar residiendo en Estados Unidos.
Reyes Mena reside en Virginia luego de que en 1984 fuera nombrado Agregado Militar de El Salvador en Estados Unidos. Dos reporteros holandeses que le interrogaban fueron conminados a dejar se hacerle preguntas por un crimen que ya había sido investigado. “Ustedes son parte del esquema de los comunistas que quieren venganza”, les dijo en el documental A sangre fría.
El 16 de julio pasado Comunicándonos y ASDEHU presentaron una demanda penal ante el tribunal de justicia contra 25 soldados y oficiales salvadoreños, y se acusó al coronel Reyes Mena de encabezar la emboscada.
Comunicándonos y ASDEHU demandaron “un juicio ágil y transparente, que tenga como objetivo encontrar la verdad y justicia para los familiares de los periodistas holandeses que han esperado durante 39 años de impunidad».
