Redacción Voz de la Diáspora
A pesar de los avances legales para proteger a niñas y adolescentes, la persistencia de la violencia sexual, las uniones tempranas y la aceptación social de estas prácticas continúa poniendo en riesgo la vida, la salud y el futuro de miles de menores de edad en El Salvador.
San Salvador, El Salvador-Desde 2017, el Código de Familia de El Salvador prohíbe expresamente los matrimonios forzados que involucren a personas menores de 18 años, especialmente aquellos casos en los que se pretende justificar con una unión a partir de un embarazo adolescente.
Esta prohibición representa un avance en la protección de los derechos de niñas y adolescentes. Sin embargo, organizaciones y sectores defensores de los derechos de la niñez advierten que la existencia de leyes no siempre garantiza una transformación inmediata de las condiciones sociales y culturales que permiten la permanencia de estas situaciones.
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La Ley Crecer Juntos también establece obligaciones para el Estado salvadoreño en materia de prevención, incluyendo la implementación de programas dirigidos a prevenir el abuso sexual y el embarazo en adolescentes. Estas medidas deberían permitir, además, identificar situaciones en las que una persona menor de 18 años mantiene una unión con una persona adulta.
Las políticas nacionales reconocen que las uniones tempranas y los matrimonios o uniones forzadas constituyen factores estructurales relacionados con el embarazo adolescente. En este contexto, cuando existen indicios de delitos sexuales, corresponde a la Fiscalía General de la República investigar y ejercer las acciones legales correspondientes.
Riesgos para la salud
El embarazo durante la adolescencia también representa un importante desafío para la salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el embarazo precoz puede generar graves riesgos para la salud de las adolescentes.
Las niñas y adolescentes embarazadas enfrentan mayores posibilidades de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, entre ellas la eclampsia y la endometritis, debido, entre otros factores, a que sus cuerpos aún se encuentran en proceso de desarrollo.
El embarazo adolescente puede tener consecuencias que van más allá de la salud física. También impacta la salud emocional, el desarrollo personal, la educación y las oportunidades futuras de las niñas y adolescentes.
Educación, exclusión y pobreza
Aunque la legislación salvadoreña reconoce el derecho de las niñas y adolescentes embarazadas a continuar con su educación, en la práctica muchas se ven obligadas a asumir responsabilidades propias de la vida adulta a edades tempranas.
Esta situación puede limitar sus oportunidades de continuar sus estudios, acceder posteriormente a un empleo digno y desarrollar un proyecto de vida independiente. A ello se suman la exclusión, el estigma social y la discriminación que todavía enfrentan muchas adolescentes embarazadas.
En conjunto, estas condiciones pueden contribuir a la reproducción de un ciclo de pobreza intergeneracional, en el que la falta de oportunidades afecta no solo a las adolescentes, sino también a sus hijos e hijas y a sus familias.
Una realidad que las leyes aún no logran erradicar
A pesar de la existencia de leyes orientadas a prevenir el embarazo adolescente, los matrimonios forzados y las uniones tempranas, persiste un desafío fundamental: la necesidad de implementar políticas efectivas para prevenir la violencia sexual en todas sus formas. Para especialistas y defensores de los derechos de la niñez, el problema no puede abordarse únicamente desde la legislación.
Es necesario enfrentar las condiciones de violencia cultural y estructural que continúan normalizando situaciones de abuso y desigualdad. Miles de niñas y adolescentes viven en contextos donde sus agresores pueden encontrarse dentro de sus propios hogares, familias o comunidades. En muchos casos, el silencio, el miedo y la aceptación social impiden que las víctimas denuncien o reciban protección.
El reto para El Salvador, por tanto, continúa siendo convertir las garantías establecidas en las leyes en una protección real y efectiva para todas las niñas y adolescentes, atacando las raíces de la violencia sexual y construyendo una sociedad en la que ninguna menor de edad sea obligada a asumir las consecuencias de un abuso como si se tratara de una decisión o responsabilidad propia.
