Kriss Recinos
Estados Unidos. Una ley que castiga a las jurisdicciones que protejan indocumentados y obliga a las autoridades locales a colaborar con Inmigración y sus órdenes de detención prolongada con miras a la deportación, entró en vigencia en Florida.
La ley contra las “ciudades santuario” operará casi por completo tras el fallo de una jueza de Miami como parte de una demanda interpuesta por grupos civiles a favor de los inmigrantes.
La iniciativa, firmada por el gobernador Ron DeSantis, un aliado político del presidente Donald Trump, tendrá efecto en el estado que tiene un 20 por ciento de población extranjera.
Grupos de migrantes han expresado su rechazo por la separación de familias y el impacto económico que esta normativa pueda tener. Sin embargo, la jueza Beth Bloom mantuvo a última hora del lunes la mayor parte de la nueva ley y bloqueó solo el hecho de que las policías locales ayuden a transportar inmigrantes a través de las fronteras estatales a pedido de autoridades federales.
La demanda fue presentada en julio contra DeSantis al considerar “inconstitucional” la ley aprobada por el órgano legislativo de Florida.
Según el Proyecto de Justicia Comunitaria, uno de los demandantes junto a la organización antirracista Southern Poverty Law Center, la SB 168 viola el derecho constitucional al debido proceso y a la protección igualitaria de la ley.
Dichas organizaciones consideraron a la medida una autorización para que la policía local actúe como una agencia ilegal del ICE, violando la cláusula de supremacía en la Constitución.
