Redacción Voz de la Diáspora / Prensa ONU
GINEBRA – Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas* expresaron hoy su profunda preocupación por las deportaciones aparentemente ilegales de más de 250 hombres venezolanos y salvadoreños – presuntamente involucrados con pandillas – de Estados Unidos a El Salvador.
«En muchos casos, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 parece haberse aplicado incorrectamente para impedir el debido proceso, la revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contravención con el derecho internacional de los derechos humanos. La falta del debido proceso resultó en deportaciones arbitrarias de muchas personas que, según se informa, no estaban involucradas con las pandillas», dijeron los expertos.
«La naturaleza sumaria de las decisiones fue claramente inadecuada para determinar si las personas corrían el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos en El Salvador», dijeron los expertos. Las decisiones tampoco parecieron tener en cuenta los efectos en el derecho a la vida familiar y el interés superior de la niñez, así como los distintos efectos de las medidas de seguridad en los derechos de las mujeres.
El deber internacional de non-refoulement prohíbe deportar a cualquier persona a un lugar en donde exista un riesgo sustancial de privación arbitraria de vida, tortura y/o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, detención arbitraria, juicio injusto u otros daños irreparables.
En este contexto, los expertos expresaron su profunda preocupación por las cárceles de El Salvador, donde ha habido denuncias de muertes, torturas y malos tratos, violencia intracarcelaria y desapariciones forzadas. Las condiciones carcelarias serían presuntamente inhumanas, contrarias a las normas internacionales, con las personas detenidas hacinadas en jaulas, sin artículos de primera necesidad, como colchones, y sin atención médica adecuada.
«Hacemos un llamado al Gobierno de El Salvador para permitir el acceso inmediato y sin restricciones a los organismos de monitoreo independientes a las cárceles que albergan a los deportados», dijeron los expertos.
Expresaron su preocupación por la falta de claridad en las bases jurídicas que sustentan la detención de los deportados en El Salvador y por la falta de recursos efectivos, incluidas las dificultades para acceder a representación legal, visitas familiares, acceso consular y revisión judicial. «Estos derechos deben ser garantizados de inmediato», dijeron los expertos.
«La falta de un estatus legal claro en El Salvador podría exponer aún más a los deportados a detenciones indefinidas y arbitrarias en El Salvador, y poner a algunos detenidos venezolanos en riesgo de refoulement a Venezuela, donde podrían estar expuestos a graves violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas», dijeron los expertos.
Señalaron que las deportaciones y las consecuentes detenciones en régimen de incomunicación parecerían implicar desapariciones forzadas, en contravención con el derecho internacional. Muchos detenidos desconocían su lugar de destino, sus familias no fueron informadas de su detención o expulsión, y las autoridades estadounidenses y salvadoreñas no han publicado los nombres ni la situación legal de los detenidos. A las personas encarceladas en El Salvador se les ha negado el derecho a comunicarse con y ser visitados por sus familiares.
Tanto Estados Unidos como El Salvador también se han negado a devolver a personas que, según los tribunales estadounidenses, han sido deportadas ilegalmente. «Hacemos un llamado a ambos gobiernos para que cooperen y faciliten el retorno a Estados Unidos a cualquier persona que haya sido deportada ilegalmente y desee regresar».
Los expertos expresaron su preocupación por el hecho de que no se han cumplido los criterios legales para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros. «Es evidente que no ha habido ninguna ‘invasión’ o ‘incursión depredadora’ en EE.UU. por parte de cualquier Estado extranjero, como lo exige la Ley. Incluso si algunos individuos son miembros de pandillas, la actividad de las pandillas es un crimen, no un acto de guerra. Por lo tanto, las deportaciones fueron aparentemente ilegales bajo la ley estadounidense y equivalieron a expulsiones arbitrarias e ilegales según el derecho internacional», dijeron los expertos.
Los expertos también expresaron su preocupación por el hecho de que Estados Unidos haya abusivamente designado a las pandillas como organizaciones «terroristas», para justificar la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros. «El crimen organizado es un problema distinto que debería abordarse mediante marcos legales más apropiados. Estigmatizar falsamente a las personas como ‘terroristas’ pone aún más en peligro sus derechos», dijeron.
«Estamos alarmados por ataques políticos contra la independencia del poder judicial en Estados Unidos y contra el papel profesional de los abogados en la representación de sus clientes en estos casos», dijeron los expertos. Las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que abogan por estos casos también deben ser protegidas de cualquier posible represalia en El Salvador o en Estados Unidos.
«Instamos encarecidamente al Gobierno de Estados Unidos a que deje de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros o cualquier otra ley para deportar sumariamente a personas. Cualquier deportación debe llevarse a cabo bajo la ley de inmigración regular y de acuerdo con el derecho internacional, incluyendo el principio del non refoulement, debido proceso, garantías judiciales y recursos efectivos», dijeron los expertos. «Las deportaciones deben cesar hasta que se respeten estas garantías legales internacionales.»
Los expertos han comunicado oficialmente sus preocupaciones a los Gobiernos de los Estados Unidos y El Salvador, junto con una lista no exhaustiva de más de 100 ciudadanos venezolanos afectados por estas deportaciones, de muchos de los cuales se desconoce su suerte y paradero. Los titulares de los mandatos de los Procedimientos Especiales expresaron anteriormente su preocupación en relación al debido proceso y la detención en El Salvador en 2022, 2023 y 2024.
