Redacción Voz de la Diáspora
Panama Ports Company S.A. (PPC) confirmó el martes que comenzó un arbitraje en contra de la República de Panamá bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, varios días después que el contrato de concesión para operar dos puertos panameños fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo la empresa en un comunicado.
El arbitraje se basa en el contrato de concesión y el marco jurídico que se ha plasmado durante casi tres décadas como un “contrato-ley”, proporcionando seguridad jurídica y respeto a largo plazo del marco legal y contractual aplicable, explicó la compañía.
«PPC pide una indemnización amplia basada en una evaluación de datos financieros relevantes, sujeta a una pronta resolución, y ciertos otros remedios, según resulte necesario. PPC y sus inversionistas continúan reservándose permanentemente todos sus derechos», según el comunicado oficial que no detalla el monto que estarían exigiendo a Panamá.
La empresa dijo que como trasfondo del arbitraje, y en adición a los demás aspectos de su campaña, durante el último año, el Estado panameño optó por revertir sus posiciones sostenidas durante largo tiempo con respecto al marco jurídico y contractual, incumplió sus obligaciones bajo el contrato y dio inicio, impulsó y/o respaldó procedimientos legales destinados a destruir el contrato de concesión, el cual fue el resultado de un proceso de licitación internacional transparente, agregó PPC.
El pasado 29 de enero el Pleno de la CSJ emitió un fallo en el que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y la empresa que opera los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico desde finales de la década de los 90s.
PPC aseguró que el fallo «…es diametralmente opuesto a decisiones anteriores dictadas por la Corte Suprema con relación a contratos similares al contrato de PPC», tras afirmar que el «fallo judicial aún no se ha publicado, ni ha entrado en vigor».
Agregó que «ha continuado gestionando las operaciones portuarias e interactuando respetuosamente con los representantes del Estado, incluyendo la solicitud de acceso al plan referenciado y oportunidades para consultar y coordinar».
Más temprano el martes, Moody´s Rating opinó que fallo «no tiene impacto directo en el perfil crediticio del país», pero aclaró que un posible arbitraje «podría tener implicaciones para las finanzas públicas».
