Por Milagro Orellana
Los Ángeles,California—La administración del expresidente Donald Trump solicitó este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos suspender una orden federal que actualmente protege de la deportación a más de 350 mil inmigrantes venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), en el marco del caso NTPSA v. Noem.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentó anular el TPS para los venezolanos pocos días después de asumir el cargo en enero. No obstante, el tribunal de distrito bloqueó la medida de forma temporal, argumentando que parecía motivada por prejuicios raciales y violaba la ley que regula el programa de TPS.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó el mes pasado la petición del gobierno de suspender la orden. Sin embargo, «si la Corte Suprema acepta la solicitud, los venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 perderían inmediatamente su protección y quedarían expuestos a la deportación mientras el caso continúa su curso legal.
Diversas organizaciones y expertos legales han criticado la maniobra del gobierno. El abigado Ahilan Arulanantham, del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración (CILP) de UCLA, señaló que “la orden del tribunal permite a la comunidad venezolana seguir viviendo y trabajando mientras se resuelve el caso” y acusó al gobierno de intentar “apropiarse de un poder que ni el Congreso ni la Constitución le otorgan”.
Emi MacLean, abogada de la Fundación ACLU del Norte de California, calificó la solicitud como un intento de “evadir una orden judicial válida”, mientras que Jessica Bansal, de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, sostuvo que “nadie sufrirá daño por permitir que los venezolanos permanezcan mientras se examina la legalidad de las acciones del gobierno”.
Por su parte, José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, advirtió que quitar el estatus migratorio a los beneficiarios significaría “separar familias, destruir negocios y empobrecer comunidades”. Cecilia González Herrera, demandante en el caso, agregó: “El ataque continuo del gobierno ignora la realidad de nuestra comunidad y la situación en Venezuela”.
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones ACLU del Norte y Sur de California, CILP y la Alianza Puente Haitiana (HBA).
