Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador – Desde la noche del sábado, 12 de marzo motoristas de la Fuerza Armada operan las unidades de buses y microbuses suspendidos a uno de los empresarios del transporte de pasajeros que fue detenido la noche del viernes por alterar las tarifas a los usuarios, obstaculizar las calles y alterar documentación, según las autoridades de gobierno.
Al empresario Catalino Miranda, un influyente dirigente de gremiales de transporte colectivo en El Salvador, se le suspendió las concesiones de líneas y el subsidio de 293 unidades de las rutas 42 y 152 de transporte entre buses y microbuses.
De acuerdo al ministro de Defensa Francis Merino Monroy, y el de Obras Públicas Romeo Herrera, aseguran que las acciones están amparadas en la ley y en la Constitución de la República en la que establece que el “Estado podrá tomar a sus cargos los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándoles directamente, por medio de instituciones autónomas o de los municipios”.
El presidente Nayib Bukele, en su cuenta oficial de Twitter escribió “Si los transportistas quieren seguir jugando con fuego, nosotros estamos listos. Antes se jactaban de doblarle el brazo al Gobierno, ahora se darán cuenta que sus tácticas de siempre ya no funcionan. Sigan escalando esto y lo perderán todo. Mejor cumplan la ley. Es fácil.”, expresó, tras la amenaza de transportistas de impulsar un paro general.
Entretanto sectores de la oposición, diputados y empresarios salieron al paso con los señalamientos de abuso de poder que el gobierno no está respetando la propiedad privada ni el debido proceso.
Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de la Empresa Privada (ANEP) escribió en su cuenta oficial de redes sociales, @JaviSiman “El Art. 110 de la Constitución, permite al Gobierno suspender el derecho de un privado a brindar un servicio público, pero no lo faculta a confiscar sus bienes para brindar el servicio. Eso es confiscación y lo prohíbe expresamente el Art. 106”, expresó el empresario crítico a la gestión del presidente Nayib Bukele.
La verificación del cumplimiento del cobro de las tarifas autorizadas por el gobierno $0.20 centavos para autobuses y $0.25 para microbuses, forma parte del plan y las medidas de protección al consumidor anunciadas por el presidente Bukele el jueves de la semana pasada, orientadas a palear la crisis económica derivada del alza en el petróleo y el precio de los combustibles.
Este domingo la Asamblea Legislativa con dispensa de trámite aprobó un paquete de leyes de emergencia enviados por el Gobierno salvadoreño, entre ellos la eliminación por tres meses de dos impuestos aplicados al galón de combustible que permitirá ahorrar $0.26 centavos por galón.
También incluye otras medidas como eliminar por un año los aranceles de importación de productos de la canasta básica como aceite, trigo, harinas y verduras, entre otros productos encaminados a fortalecer el plan anti inflación según las autoridades de gobierno.
