Por Carmen Rodríguez
Las heridas de la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico en México continúan sangrando. Las autoridades confirmaron esta semana que el número de desaparecidos asciende a 40 mil, y este dato revela una severa crisis de derechos humanos que afecta al país.
Además de los desaparecidos, las autoridades dijeron que por lo menos 26 mil cuerpos que fueron encontrados en 1,100 fosas clandestinas en el país, no han sido identificados.
Entre los desaparecidos, también se encuentran inmigrantes centroamericanos, que según la Procuraduría de Derechos Humanos de México, fueron víctimas del Cártel del Golfo y sus aliados, el grupo armado de Los Zetas, en complicidad con elementos de la Policía mexicana.
El caso más sonado de personas desaparecidas en territorio mexicano, es el de los 43 estudiantes que fueron desaparecidos en Ayotzinapan, ocurrido en 2014. De acuerdo a las investigaciones, los estudiantes fueron perseguidos y atacados por la Policía local y estatal.
En un intento por reparar este daño, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que lanza el programa que busca esclarecer las desapariciones e identificar a las miles de víctimas que perecieron en diferentes partes del país.
El plan de gobierno incluye la creación de un Instituto Nacional de Identificación Forense, brigadas de búsqueda, bancos de datos de ADN y compra de laboratorios y equipos para exhumaciones.
En los últimos diez años, las desapariciones, las torturas, los desplazamientos forzados y secuestros aumentaron considerablemente a causa de la guerra contra el narcotráfico que declararon los gobiernos mexicanos.
