Por Milagro Orellana
SAN FRANCISCO.– Un juez federal dictaminó que la administración del expresidente Donald Trump actuó ilegalmente al intentar eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaba a más de un millón de venezolanos y haitianos.
En una resolución de 69 páginas, el juez de distrito Edward M. Chen concluyó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tenía la autoridad para cancelar las extensiones ya otorgadas del TPS y que la decisión de poner fin al programa violó la Ley de Procedimiento Administrativo.
El fallo restituye la extensión del TPS para Venezuela del 17 de enero de 2025, que prolonga la protección y la autorización de trabajo de todos los beneficiarios venezolanos, independientemente de si se inscribieron en 2021 o en 2023. Quienes aún no se han reinscrito deberán hacerlo antes del 10 de septiembre de este año.
“Durante 35 años, el TPS ha sido implementado fielmente por gobiernos de ambos partidos (…)
Este caso surge de la acción apresurada de la actual Secretaria de Seguridad Kristi Noem, de revocar el estatus legal de venezolanos y haitianos con TPS, enviándolos de regreso a condiciones tan peligrosas que incluso el Departamento de Estado desaconseja viajar”, escribió el juez Chen.
La resolución se da seis meses después de que la Alianza Nacional del TPS y varios beneficiarios presentaran la demanda NTPSA v. Noem, a la cual se sumaron también haitianos tras enfrentar una cancelación similar.
Voces de la comunidad
Cecilia González, beneficiaria venezolana de TPS en Florida, calificó la decisión como “una gran victoria”. “Miembros de nuestra comunidad han perdido empleos, han sido detenidos, deportados y separados de sus familias. Este fallo devuelve la esperanza de que la justicia prevalece”, declaró.
Otros demandantes coincidieron en que el programa les permite vivir y trabajar en seguridad. “El TPS es un programa importante que permite a personas como yo contribuir a este país viviendo en paz”, afirmó G.S., médico haitiano y demandante del caso.
Francis, hondureño con TPS e integrante de la Alianza Nacional TPS, añadió: “Hoy todos somos venezolanos y haitianos. Nuestra lucha continúa hasta lograr la residencia permanente”.
Reacciones legales
Diversas organizaciones y abogados que acompañan el caso celebraron la decisión. Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), sostuvo que el fallo confirma que la administración Trump actuó “de manera ilegal y sin precedentes” al retirar las protecciones.
Por su parte, Emi MacLean, de la ACLU del Norte de California, advirtió que, aunque el fallo representa un alivio, “el daño ya causado —incluyendo deportaciones y separación familiar— no puede deshacerse”.
Ahilan Arulanantham, del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la UCLA, calificó el fallo como un respiro para cientos de miles de familias, pero lamentó que “llega demasiado tarde para muchos que ya fueron deportados”.
Finalmente, Erik Crew, de Haitian Bridge Alliance, subrayó que la lucha continuará: “Este fallo brinda alivio inmediato, pero seguimos comprometidos a defender la dignidad humana y el estado de derecho”.
Los demandantes estuvieron representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las fundaciones ACLU del Norte y del Sur de California, el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la UCLA y Haitian Bridge Alliance (HBA).
