Redacción AFP
Guatemala – La Fiscalía realizó un sorpresivo allanamiento en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para llevarse documentos, en otra polémica acción a un mes del balotaje presidencial.
Fue «simple y sencillamente un allanamiento y secuestro del expediente laboral de la subdirectora del Registro» de Ciudadanos (padrón electoral), Eleonora Castillo, dijo a la AFP Alexander Velásquez, secretario general del TSE.
Guatemala vive en vilo tras sucesivos fallos judiciales y acciones de la Fiscalía que han puesto en jaque al sistema democrático y el balotaje del 20 de agosto entre los candidatos socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo.
Velásquez afirmó que los fiscales no explicaron la razón del allanamiento, pues «solo muestran el orden y realizan la diligencia».
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) omitió en un comunicado que el allanamiento en la Dirección de Recursos Humanos del TSE fue ordenada «para secuestrar documentación».
Además, afirmó que el juez Fredy Orellana giró una orden de aprehensión en contra de Castillo «por obstrucción de justicia, en virtud de que se ha negado a cumplir con la orden del juez» para suspender al partido político Semilla, de Arévalo.
Castillo, quien goza de inmunidad, según el TSE, funge como jefa interina del padrón electoral por las vacaciones de su titular, Ramiro Muñoz.
Hace una semana, la Fiscalía había allanado las oficinas del Registro de Ciudadanos.
Diversos recursos judiciales de partidos derechistas que perdieron la primera vuelta presidencial el 25 de junio, y la polémica inhabilitación de Semilla (anulada un día después) han enturbiado la campaña al balotaje. También una orden de arresto a una aliada de Arévalo.
La suspensión de Semilla fue solicitada por el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, quien señala irregularidades en la inscripción de afiliados del partido creado en 2017.
En el allanamiento participó la fiscal Cinthia Monterroso, quien en el pasado ha perseguido a periodistas críticos del gobierno actual y exfiscales que combatieron la impunidad.
El miércoles tanto Orellana como Monterroso fueron incluidos por Estados Unidos en la llamada lista Engel de centroamericanos involucrados en «actos corruptos y antidemocráticos», a quienes les prohíben ingresar a esa nación.
Anteriormente fueron incluidos en la misma lista Curruchiche y la fiscal general, Consuelo Porras.
El abuso de los recursos judiciales para obstaculizar el balotaje ha provocado preocupación de la comunidad internacional y cientos de guatemaltecos han protestado frente a la sede la Fiscalía para exigir la renuncia de Porras y Curruchiche.
«Somos ciudadanos guatemaltecos que estamos presenciando actualmente un intento de golpe judicial», comentó el abogado Víctor Castro, quien participó en una protesta durante el allanamiento.
“Nos produce repugnancia la forma en la que están torciendo la ley”, agregó el hombre de 40 años.
