Foto: Cortesía.
Por María T. Pérez y Milagro Orellana
El Salvador-Detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos y persecución política, entre otros forman parte de la lista de señalamientos del movimiento Nación Salvadoreña en el Exterior contra el gobierno, en el marco de un encuentro realizado en la capital para analizar la situación actual.
Dicho movimiento, integrado por ciudadanos salvadoreños, residentes en diversas partes del mundo, señaló que la democracia en el país se encuentra en peligro debido al “abuso de poder» por parte del Presidente Nayib Bukele.
La denuncia de los connacionales coincide con las detenciones, ocurridas al norte de la capital salvadoreña, de cinco defensores del medio ambiente, y por quienes 250 organizaciones de la comunidad internacional reaccionaron exigiendo libertad inmediata.
El Instituto de Estudios de Políticos, a través de un comunicado, señala que los ahora detenidos acusados por un homicidio ocurrido en los 80 durante la guerra civil. En 2017 lograron que la Asamblea Legislativa aprobara una ley que prohíbe la minería. “Hoy en día, debido a la adopción del Bitcoin, el gobierno está bajo presión para encontrar nuevos ingresos», publicó. «Según los informes, el gobierno está considerando revocar la prohibición de la minería”, señalan en el informe.
La comunidad internacional no encuentra sentido a las capturas por el hecho de que los detenidos pertenecen a la comunidad Santa Marta, donde, en medio de la guerra, 30 personas fueron masacradas y unas 189 desaparecidas a manos de la fuerza armada y, cuyos casos nunca fueron investigados.
“Esto plantea más dudas sobre si la verdadera motivación del fiscal general es intentar silenciar a estos defensores del agua, especialmente tomando en cuenta la cruzada de la administración actual para criminalizar, perseguir y desmovilizar a sus opositores políticos”.
El foro internacional llamó a las autoridades judiciales, el retiro de los cargos y, de no ser así, permitir la espera de un juicio con medidas de detención domiciliar.
“Se captura a gente inocente”
En este contexto, un familiar de Argentina R. una de las tres personas detenidas a principios de enero en protestas frente a la alcaldía de Soyapango, mostro preocupación e incertidumbre por no saber la fecha de la audiencia inicial de la procesada.
A esto se suma la preocupación por el estado de salud ya que Argentina R. detenida el pasado 2 de enero cuando reclamaba por falta de pago de su salario junto a decenas de empleados de la alcaldía de Soyapango tiene padecimientos de alergias y asma y debe de tomar medicamentos a diario.
Voz de la Diáspora converso con G. L. (iniciales ficticias para proteger la identidad de la fuente), familiar de la detenida, quien señaló que Argentina R. continua en bartolinas policiales, durmiendo en condiciones infrahumanas y costeando por alimentos e higiene. Los delitos que se le incriminan son desorden y resistencia y, aunque son delitos menores, pero con el régimen de excepción, el pariente de Argentina teme que ante los tribunales, suceda algo inesperado como una detención provisional.
G. L. hizo un llamamiento a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a mostrarse “más protagonista” y a la Corte Suprema de Justicia a “actuar independiente del Ejecutivo”.
Acerca del papel del Ministerio de Trabajo G. L. considero que esta institución “ha brillado por su ausencia, ellos no actuaron nunca para resolver las violaciones a los derechos laborales”, lamentó. Describió que la condición actual de la comuna de Soyapango como “militarizada” en donde los trabajadores tienen miedo a denunciar por temor a persecución, despidos u otras represalias, las que prefirió callar para no afectar el proceso judicial de su pariente.
“Al principio (del régimen de excepción) se pensó que las leyes serían más efectivas, pero ahora gente inocente se captura”, declaró el afectado.
A su juicio la Procuraduría de Derechos Humanos debería estar mas pendiente de los detenidos por que “todos son inocentes, hasta que se pruebe lo contrario”.
El reclamo de G.L. coincide con testimonios de familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción y quienes compartieron experiencias durante el Foro contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Samuel R. del movimiento de Víctimas del Régimen, y familiar de una persona capturada, lamentó “ya fuimos a Casa Presidencial, a la Procuraduría General de la República, a la Asamblea Legislativa, a la Oficina de las Naciones Unidas, ya nos reunimos con la Procuradora actual de Derechos Humanos y nadie, absolutamente nadie, ha hecho nada por las víctimas, al contrario, lo que estamos recibiendo son amenazas; solamente las organizaciones sociales están apoyando a las víctimas”.
Asimismo, Vilma L. declaro “mi sobrino tenía cinco años de trabajar en un crucero, tenía un mes de haber venido de vacaciones, y lo agarraron en la casa, se les presentaron documentos del trabajo, no los tomaron en cuenta. Ya tiene nueve meses de que se lo llevaron y no sabemos como esta; no nos dan ninguna explicación”.
En tanto, Cecilia L. otra familiar de persona detenida se lamentó profundamente. “Yo no se si mi hijo está vivo o está muerto, ya son nueve meses que nos tienen en la incertidumbre”.
Un régimen de excepción para perseguir voces disidentes
“Los salvadoreños nos estamos yendo, y ya no nos estamos yendo por la delincuencia, ya no nos estamos yendo por la pobreza… nos estamos yendo por que el gobierno nos está persiguiendo si somos voces disidentes”.
Este es el testimonio de P.E. (iniciales ficticias para proteger su identidad) quien desde hace un mes debió abandonar el país, después de que militares comenzaran una persecución y acoso debido a su trabajo en defensa de los derechos humanos, especialmente en casos de desaparecidos.
Según la entrevistada, a medida que su trabajo en defensa y activismo de derechos humanos avanzaba, “los métodos legales gubernamentales también lo hacían a fin de establecer métodos de control, ante cualquier resistencia o levantamiento social contra la dictadura que quieren establecer”.
“Los militares llegaron a mi casa a preguntar por mí, a tratar de sacar información a tratar de entrar a mi casa por la fuerza, llegaron a buscarme más directamente”, sostuvo.
Para P.E. la comunidad internacional debería poner más atención a El Salvador. “El gobierno se está pasando los derechos humanos por los pies y esta persiguiendo a las voces disidentes descaradamente”.
Un informe de 2021 del Alto Comisionado para los Refugiados detalla que por lo menos unos 15 mil 898 salvadoreños solicitaron asilo en diversos países, entre esos México y los Estados Unidos.
