Por Milagro Orellana
Los Ángeles—La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó este viernes, de manera unánime, que la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 600 mil venezolanos fue ilegal y confirmó que un juez federal tiene la autoridad para decidir el caso.
El fallo se produjo en el caso NTPSA v. Noem, en el que se impugnó la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al programa. Según la resolución, los beneficiarios de TPS enfrentan “graves daños” como detención, deportación, separación familiar y pérdida de empleo debido a la cancelación.
“Esta es una victoria para la comunidad TPS. Estamos aquí porque nuestro país está en crisis. Por eso existe el TPS”, expresó Cecilia González, demandante venezolana.
Aunque la decisión no ofrece un alivio inmediato pues la Corte Suprema de EE.UU. suspendió previamente una medida de emergencia emitida por un tribunal de distrito, abre la vía para que esa corte de primera instancia emita un fallo final.
Freddy Arape, beneficiario de TPS, señaló que el programa ha sido un “salvavidas” para quienes huyeron de la violencia en Venezuela. Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles como ACLU y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) subrayaron que la decisión demuestra que la administración Trump “no está por encima de la ley”.
“Trump ha intentado destruir el TPS desde el primer día”, sostuvo Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, quien resaltó que los tribunales han rechazado la posición de que el gobierno pueda actuar “sin importar la ley vigente”.
Expertos legales, como Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de UCLA, advirtieron que persiste la incertidumbre mientras la Corte Suprema mantiene suspendido el alivio. Sin embargo, consideraron que la resolución del Noveno Circuito refuerza los argumentos de que la cancelación fue ilegal.
La demanda es impulsada por un equipo legal conformado por NDLON, la ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de UCLA y Haitian Bridge Alliance.
