Organizaciones que velan por los derechos humanos encendieron la alarma a pocas horas que Estados Unidos, siguiendo al Reino Unido, apruebe la aplicación de la vacuna.
Por María T. Morales
La vacuna contra la pandemia de la COVID -19 ha puesto en escena y marcado una vez más, la diferencia entre los países pobres y ricos.
Serían billones de personas de los países pobres quienes se quedarían sin acceso a la vacuna ante la rapidez con la que los países ricos obtuvieron más de la mitad de las dosis ofrecidas por la industria de la medicina y la ciencia de la salud, advirtió Oxfam Internacional.
Por ejemplo, Reino Unido, que ha comprado y comenzado la vacunación, tiene para inmunizar hasta tres veces a su población.
Le sigue Canadá, país que adquirió la suficiente cantidad de dosis que bien alcanzaría para inmunizar hasta cinco veces a cada uno de sus habitantes.
En el otro lado de la balanza, en los 67 países más pobres del globo, solo uno de cada 10 habitantes espera recibir la vacuna a finales de 2021, añade el informe.
Amnistía Internacional se sumó al reclamo y llamó a garantizar el derecho y acceso justo a la vacuna.
Asimismo, Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, señaló que las vacunas por sí solas no pueden resolver la pandemia, o curar el daño que han causado.
“Los Estados no solo tienen que distribuir estas vacunas equitativamente en todo el mundo, sino que también tienen que reconstruir la economía, reparar el daño causado por la pandemia y abordar las lagunas que esta ha expuesto”.
La organización The People’s Vaccine llamó a Pfizer, Moderna, BioNtech Group y AstraZeneca, principales industrias creadoras de la vacuna contra la COVID-19, a “compartir su ciencia y tecnología”.
El reclamo por el derecho a la vacuna contra la pandemia llega justo en el momento en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.
